El ministro de Anticorrupción, René Fernández, mencionó a la radio 730 AM que el 24 de diciembre iniciaron de oficio una investigación administrativa cuando salió a luz el escándalo por el acuerdo entre Petropar y la empresa argentina Texos Oil, con el aval de la Procuraduría, para el pago de casi 7 millones de dólares.

“Solicitamos informes a Petropar inicialmente y luego a otras instituciones. En ese contexto la fiscal Soledad Machuca nos solicitó informes, si teníamos algún dictamen y nosotros informamos que acabábamos de iniciar la indagación y que recién luego le informaríamos los resultados”, dijo.

Fernández detalló que la investigación, ejecutada por cuatro de sus funcionarios, consta de dos aristas: una va por el lado administrativo, ya que busca corroborar si se cumplió debidamente el proceso y si todos los estamentos fueron consultados e informados al respecto, y la otra se enfoca en el contenido para ver si amerita derivar al ámbito penal de haberse cometido algún delito.

“Nosotros estamos solicitando al Ministerio de Hacienda, al Consejo de Empresas Públicas, la Dirección de Migraciones, la Procuraduría. Tenemos otros pedidos. Es generar o reconstruir el itinerario administrativo”, refirió.

Consultado sobre si puede pedir explicaciones al exprocurador Sergio Coscia, el entrevistado respondió que hasta donde sabe, el mismo ya no forma más parte de la función pública tras renunciar al cargo.

DENIS LICHI, CON LA BENDICIÓN DE ABDO

Uno de los principales corresponsables del caso es el titular de Petropar, Denis Lichi, quien presionó a Hacienda la liberación de 7 millones de dólares para cumplir el pacto entreguista, pese a que la institución pública ni siquiera honra sus compromisos con el fisco.

La semana pasada, el mandatario Mario Abdo Benítez indicó que se enteró a través de la prensa de este caso y remarcó que Lichi actuó bajo la recomendación del exprocurador Sergio Coscia, quien terminó renunciando al exponerse lo que estaba pasando a puertas cerradas en la petrolera.

Fuente: AFP

Durante la gira de seis días, Kishida se reunirá con el presidente francés, Emmanuel Macron, con el mandatario brasileño Luiz Inacio Lula da Silva y el presidente Santiago Peña, informó su despacho.

“Este es el año de América Latina, y es el centro de atención del mundo”, afirmó el portavoz del gobierno japonés, Yoshimasa Hayashi, en una rueda de prensa en la que destacó que Brasil preside el G20 y Perú tiene la presidencia del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC).

“Japón quiere aprovechar esta oportunidad para fortalecer sus vínculos con los países de Latinoamérica”, agregó.

En la reunión con Lula, se espera que Kishida firme un acuerdo de cooperación bilateral sobre varios temas medioambientales, incluyendo el cambio climático y el proceso de reducción de emisiones de carbono, informó la agencia japonesa Kyodo News.

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Kishida viajará con representantes de al menos 40 empresas, con el objetivo de aumentar las inversiones de Japón en Brasil y de impulsar la cooperación en tecnologías verdes, indicó el diario Nikkei.

El gigante automovilístico japonés Toyota anunció en marzo un plan para invertir 11.000 millones de reales (2.200 millones de dólares) para aumentar la producción de vehículos híbridos en Brasil.

Los procedimientos fueron encabezados por el fiscal antidrogas Néstor Narváez, en el marco del Operativo Arambe II en el departamento de Canindeyú, desarrollado del 23 al 25 de abril de 2024,.

Los trabajos de control se desarrollaron en las zonas rurales del distrito de Villa Ygatimi, y los datos finales señalan que la pérdidas económicas aproximadas para los grupos criminales que operan en estas actividades ilicitas alcanzan la suma de Gs. 22.037.000, equivalente a US$ 2.966.000.

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Durante los procedimientos llevados en forma conjunta con los agentes antinarcóticos de la Policía Nacional se logró la destrucción de 48 hectáreas de supuesta marihuana en etapa de cosecha, distribuidas en 14 parcelas, equivalentes a 144.000 de kilos de marihuana prensada.

Además, se requisaron 6250 kilogramos de supuesta marihuana picada. También se destruyeron once campamentos precarios ubicados en la zona y se requisaron diez zarandas y enseres varios.

La ley establece que el Consejo Nacional de la Lectura y el Libro, presidido por la Secretaría Nacional de Cultura y acompañado por el Ministerio de Educación y Ciencia y el apoyo de la Secretaría de Políticas Lingüísticas, deberán diseñar y conducir el Plan Nacional de fomento del libro y la lectura.

Deberán facilitar el acceso de toda la población a las bibliotecas públicas, principalmente, de las personas en condiciones de vulnerabilidad, mediante la incorporación de nuevas tecnologías de la información y el conocimiento, articular la compra de libros de autores nacionales e internacionales destinados a bibliotecas públicas, comunitarias y a aquellas habilitadas en espacios no convencionales, impulsar la investigación científica en el ámbito de la lectura, el libro y el acceso a la cultura, además de otras disposiciones.

Trabajarán con las gobernaciones y los municipios la implementación de programas locales de fomento al libro y la lectura y la correspondiente asignación presupuestaria anual, según la particularidad de sus territorios.

En los casos de territorios en frontera, los planes incluirán, al mismo tiempo, programas de afirmación de la soberanía cultural y de fomento de la integración regional, promoviendo acciones conjuntas con los países vecinos, que beneficien el intercambio de libros, conferencias, presentación de autores, entre otras iniciativas.