En nota especial, el diario La Nación/Nación Media indica cómo velar por tu voto y qué hacer en caso de que una segunda persona violente su secreto.

La jueza electoral de la capi­tal Fabiana Marín habló sobre las faltas electorales y las acciones que se pueden tomar en el caso de que el ciu­dadano se sienta violentado en su derecho constitucional de sufragar, y de garantizar este derecho. La jueza apuntó a que un aspecto fundamen­tal se da en el control del pro­pio ciudadano que acude a los locales de votación, además de las autoridades de mesas y otros actores de control para que todo el proceso de vota­ción se realice sin incidentes.

En el caso de los boletines de votación, la jueza electoral instó a que todos los ciuda­danos, una vez cumplido con el proceso de votación, veri­fiquen imprescindiblemente que el boletín sea doblado en dos partes, con esto se evita que otras personas puedan observar el sentido del voto.

“Tiene que salir del cuarto oscuro con el boletín doblado en dos y le entrega al presi­dente de mesa, quien es el último que firma el boletín, ese boletín tiene que estar cerrado y antes de introducir el boletín se entinta el dedo, introduce el boletín y tiene que observar si se colocó la palabra ‘votó’ al lado de su nombre. Ahí cumple con todo el proceso de vota­ción”, explicó.

Además, el elector debe con­trolar que ningún miembro de mesa pueda abrir el bole­tín y, en el caso de que lo haga, debe realizar la denuncia en la misma. “No es correcto que nadie, excepto el elector, mire y revise la opción, porque ahí se está violentando el secreto del voto, cualquier elector puede realizar su reclamo, su denuncia, si es que alguna persona, sea quien sea, le dice o le exige que muestre, o está violentando la garantía que tiene que tener de que su voto es secreto. El elector tiene el manejo de la situación siem­pre, tiene el manejo y el dere­cho, él debe doblar el boletín de voto, eso es muy impor­tante”, aclaró.

Otro de los aspectos que se encuadran en las prohibi­ciones establecidas por el Código Electoral, conside­radas faltas electorales, es el ingreso al cuarto oscuro con cámaras o cualquier tipo de aparato electrónico para tomar fotografías o grabaciones, incluyendo los celu­lares. En este caso, Marín mencionó que este control quedará a cargo de los miem­bros de mesa, esto para evitar ser tomada la imagen del sen­tido de voto del elector.

“Esta ley ya es un poco anti­gua, no se puede ingresar con ninguna cámara filmadora, la idea es que no se pueda vulne­rar el secreto del voto de nin­guna forma y, por supuesto, los miembros de mesa son las máximas autoridades de los locales de votación y de cada mesa, y son ellos los que admi­nistran de acuerdo a su sano juicio caso por caso sobre el ingreso de los aparatos celu­lares o de cualquier instru­mento que pueda violentar el secreto del voto. Todo depende del criterio de los miembros de mesa”, apuntó la jueza.

Igualmente, se prohíbe el ingreso de dos personas en el cuarto oscuro; al respecto, Marín aclaró que el acompa­ñamiento al elector de una persona de confianza solo se puede dar en casos excepcio­nales como dificultades físicas. “La ley refiere que una persona de confianza puede acompañar al elector si está impedido por algún defecto físico de mar­car, la ley se refiere al boletín de voto, ahora es con una pan­talla táctil, si por algún defecto físico esté imposibilitado de hacerlo, puede hacerse valer de una persona de su confianza o también en el siguiente paso del procedimiento de votación en sí, que es doblar el boletín de voto e introducirlo a la urna”, sentenció.

En el caso de las personas de tercera edad que solici­tan ayuda para votar, la jueza indicó que para estos casos también se debe tener en cuenta cada caso en parti­cular por parte de los miem­bros de mesa. Si bien es cierto que no hay un defecto físico propiamente dicho, osten­sible, hay alguna dificultad, dependiendo de cada elec­tor, por ejemplo, para cami­nar; de todas formas, siem­pre hay una mesa accesible, también existe el voto en casa y la idea es que esa persona le acompañe al familiar hasta el cuarto oscuro.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.