La delegación del Poder Judicial estuvo encabezada por la presidenta Alicia Pucheta. También participaron de la jornada de trabajo los ministros Sindulfo Blanco, Luis Benítez Riera y Miryan Peña.

Los procesos judiciales estancados, medidas judiciales para extranjeros, abusos de la prisión preventiva y cumplimiento de leyes fueron algunos de los reclamos efectuados por los internos de Tacumbú.

Mauricio Maya, ciudadano mexicano, en representación de los extranjeros presos y manifestó que no reciben respuestas sobre sus procesos. Señaló que muchos han solicitado el traslado a sus respectivos países para continuar sus procesos judiciales pero que no tienen respuesta a sus pedidos por parte de los jueces.

Otro de los facilitadores y escritor de 4 libros dentro del reclusorio, Cesar Pastor Martínez, solicitó que se cumpla la ley 5162 de humanización de las cárceles promulgadas por el gobierno nacional hace un año.

En tanto que la ministra de Justicia, Carla Bacigalupo, señaló que las dificultades expresadas reflejan una falla del sistema de justicia. El hacinamiento es producto de la indefinición y uso abusivo de la prisión preventiva, en que todos los órganos del sistema tienen una cuota de responsabilidad, expresó.

Igualmente, destacó el programa de reinserción laboral impulsada desde el ministerio. “Gracias a las alianzas estratégicas con empresas privadas y públicas, se redujo la reincidencia en los delitos, de un 70 a 50%”, mencionó.

En la ocasión dio a conocer la reciente resolución 333, por la cual dispuso el cierre temporal del centro penitenciario de Emboscada “Padre Juan Antonio de la Vega”, ante el pedido fundado de la Dirección General de Establecimientos Penitenciarios.

Con esta decisión suman cuatro centros que no recibirán nuevos internos. Tacumbú, el Buen Pastor y el centro penitenciario de Ciudad del Este son los otros centros donde no se admiten nuevos internos, refirió Basigalupo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.