Cabe recordar que el pedido de interpelación fue impulsado por varios diputados, quienes acordaron 19 preguntas que deberán ser respondidas por el titular del IPS ante el plenario. No obstante, otras consultas pueden surgir durante la sesión y ser planteadas en una etapa de re preguntas.

Algunos puntos que formarán parte apuntan a los informes sobre el mecanismo de control de la ejecución del contrato con las firmas Potï SA y Alberto Palumbo Unipersonal, referente a la contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del IPS.

Se consultará por qué el nombre de una difunta doméstica del proveedor adjudicado, personal del Ministerio de Salud e IPS, figura en la nómina de empleados contratistas de limpieza que fueron adjudicados.

“Habiendo la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas, confirmado cobros de la señora que trabajaba como doméstica en casa del proveedor Alberto Palumbo; así también, con cobros de la enfermera que en realidad hace guardia en los hospitales, ¿Cómo pudo parar eso y quién o quiénes debieron realizar los controles, con qué medidas al respecto?”, es otro planteamiento.

Una pregunta también apunta al sumario, tal y como recomendó Contrataciones Públicas, en el caso de la Licitación 390340 – LPNSBE 76-21 – Contratación de servicios de limpieza e higienización para las distintas dependencias del IPS, cuya adjudicación asciende al monto de G. 73.364.633.631.

Por qué declararon desiertos los lotes en los que ofertó única y exclusivamente el proveedor envuelto en el caso de los limpiadores “mau”; y cuáles son los documentos o trámites administrativos en la previsional, en estos seis meses, son otras consultas.

A su vez, el interpelado debe responder cómo piensan pagar, sin el código de contratación, los G. 30.000 millones que ya reclamó dicha empresa.

Igualmente, serán enfocadas las denuncias de pago a precio triplicado por cada personal de limpieza, cuando que los empleados de estas contratistas solo cobran salario mínimo; y la cantidad de trabajadores requeridos para el servicio de limpieza e higienización en las distintas dependencias del IPS.

Caso amputación

La amputación errónea de una de las piernas del señor Ramón Samudio es uno de los temas principales (según denuncia).

¿Cuántos días después de la operación le hicieron un comunicado formal sobre el caso a la familia?; y ¿Qué documentos obran al respecto?, son algunas preguntas referente al punto.

Respecto a los medicamentos, el interpelado responderá si existe faltante de medicamentos y en qué rubros; desde cuándo; y por qué los pacientes deben comprar kits para cirugías e insumos básicos, según denuncias formales.

Los motivos de la falta recurrente de medicamentos oncológicos que figuran en el cuadro básico y cuánto tiempo, en promedio, deben esperar los pacientes oncológicos para poder acceder a dichos medicamentos, es otro tema.

Se harán también consultas respecto a las quimioterapias que se suspendieron por falta de insumos y medicamentos en los últimos tiempos.

Estas consultas ya fueron remitidas al presidente del IPS, la semana pasada, conforme a los plazos establecidos para el ejercicio de la legítima defensa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.