En charla con la 650, la diputada oficialista mencionó que durante la sesión de este jueves darán entrada al informe elaborado por Carolina Llanes, interventora del municipio de Ciudad del Este.

Respecto a la postura de su bloque, reveló que la mayoría entiende que en la sesión donde fue electo Celso Kelembu Miranda hubo muchas irregularidades y no está encuadrada dentro del reglamento.

Contó que sus colegas cuestionan por qué no se convocó a todos los concejales, incluido el presidente de la Junta, y por qué se sesionó fuera del predio establecido para el efecto y sin tener el número necesario de participantes.

La diputada dijo desconocer la postura del mandatario Mario Abdo y el ministro del Interior, Juan Ernesto Villamayor, sobre la problemática generada por los concejales que no aceptaron la renuncia al principio, tal como ambas autoridades cuestionaron.

“No llegué a escuchar al presidente Mario Abdo sobre poner paños fríos y aceptar a Celso Miranda como intendente. Vamos a ir evaluando y cada uno tiene su criterio propio, nosotros sabemos cómo se realiza la intervención”, dijo.

Narváez remarcó que el mandamás no se comunicó con los diputados para bajar línea sobre este conflictivo tema, al argumentar que el mismo se encuentra en Costa Rica participando de la audiencia en el caso de Arrom y Martí.

Por otra parte indicó que un juez electoral deberá determinar si fue o no legal lo realizado por la mayoría de los concejales en el este del país, pero resaltó que mientras tanto debe seguir el proceso de intervención. En ese sentido, los concejales municipales opositores ya iniciaron una acción judicial ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral para invalidar la elección de Kelembu como intendente.

Durante la entrevista radial sostuvo que durante esta sesión extra en Diputados tendrán que valorar qué pasará si luego el TSJE ratifica que sí fue legal la renuncia de Sandra McLeod y la elección de Celso Miranda. Sin embargo, expresó su deseo de que “esta maniobra” no sobreviva en el tiempo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.