Mediante un posteo en su cuenta de Facebook, la intendenta separada negó que haya dejado la administración con cuentas en rojo. “Hoy han llegado al colmo de mentir alevosamente, es algo tan burdo ya que los documentos y cuentas bancarias son públicas y de acceso a todos. Llegan al colmo de la caradurez y la poca vergüenza cuando mienten sabiendo que hay documentos que hablan de la realidad que sostenemos”, resaltó.

Sandra McLeod aseguró que dejó todas sus obligaciones al día, incluido salarios de funcionarios, cumpliendo con el calendario de pagos taxativamente y que ello obra en los documentos contables. Para el efecto, compartió las cuentas bancarias.

“Les he dejado dinero en caja, pero ahora estas personas han tomado el municipio por asalto, porque hasta hoy no fui notificada por nadie. Hablan del pasivo y por qué no hablan del activo y el resultado que eso arroja. Porque para calumniar deben omitir la verdad”, remarcó.

Señaló que ahora la interventora es la responsable de cumplir con las obligaciones municipales. “Lo quisieron a como de lugar, pues demuestren que lo harán, paguen sueldos y aguinaldos, como siempre lo hemos hecho nosotros. Estaremos observando que así lo hagan. Háganse cargo de su responsabilidad junto con los concejales que han impulsado este caos para esta ciudad trabajadora”, añadió.

INTERVENTORA SE RATIFICA

Ante las declaraciones de McLeod, la interventora Carolina Llanes ratificó que existen inconvenientes para pagar los haberes de los funcionarios por el mal manejo del municipio.

En charla con radio Monumental dijo que la administración asegura que dejó 4 mil millones en caja, pero que al discriminar ese monto solo se cuenta con G. 1.540 millones para gastos corrientes (salarios), el restante se trata de “dinero que no se puede tocar”, como por ejemplo el Fonacide.

Según Llanes, el monto requerido para el pago de salario del mes de noviembre es de G. 5.428, lo que ocasiona un saldo negativo de G. 3.888 millones.

“El estado financiero lo hemos obtenido del propio director financiero de la municipalidad, de las certificaciones de los bancos con los que el municipio está operando. Nosotros no inventamos nada”, mencionó.

La interventora aseguró que no se quedarán de brazos cruzados y que ya maneja varias alternativas para el pago de haberes, como ser aplicar mayores impuestos.

Por otra parte contó que ayer inició un censo para actualizar los datos de los funcionarios y corroborar si hay o no planilleros. Hasta el momento acudieron ante ella unos 583 trabajadores, de los cuales muchos dijeron desconocer cuál es su salario, su dependencia y desde hace cuánto están en la institución, de acuerdo con Llanes.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.