La directora de Trabajo, Karina Gómez del MTESS, explicó que tomaron intervención del club social Rakiura Resort Day, tras varias denuncias que circularon y se viralizaron rápidamente a través de las redes sociales.

Dichas denuncias consistían en maltratos y explotación laboral por parte de los directivos del club hacia sus empleados.

“Tomamos intervenciones en distintas empresas denunciadas por no cumplir con la Ley, el Ministerio de Trabajo ya comenzó con la recolección de datos para detectar estos casos y luego tomar las acciones correspondientes”, expresó Gómez en comunicación con la 650 AM.

La directora apuntó que el primer paso que se realizó fue la verifiación in situ de las acusaciones hechas y si estas se visualizan día a día en el ámbito laboral de la empresa mencionada.

Para el efecto, se realizan investigaciones, preguntas, entre otras cosas, para determinar si la denuncia se aplica con la realidad del trabajo, sostuvo.

Una de las denuncias que trascendió con relación a Rakiura fue el despido de un empleado por no responder un mensaje de Whatsapp en su día libre.

Al ser consultada si la empresa puede amonestar, suspender y despedir a un empleado al no contestar el teléfono celular corporativo en su día libre, dijo que cada compañía tiene un orden, medidas disciplinarias y reglamentos internos dentro de la institución.

“El celular corporativo es para responder al momento que uno está trabajando. Podría verificarse si eso estaba arreglado en la sanción proporcional a la incoducta del trabajador”, refirió.

En cuanto a los despidos, Gómez detalló que la estabilidad laboral es una protección constitucional que gozan todos los trabajadores a nivel país. Lo que significa que un empleado no puede ser despedido o desvinculado sin una causal o motivo por parte del empleador, sostuvo.

Indicó que, a un trabajador con estabilidad laboral, primeramente se debe suspender el contrato, acto seguido, se inicia un juicio de justificación de despido. “Una vez probada la causal, se lo despide. Salvo que haya un despido injustificado y se pague lo que corresponde” manifestó.

Por su parte, el viceministro de Trabajo, Daniel Sánchez dijo que es bueno que la ciudadanía, en este caso los trabajadores, denuncien cualquier tipo de maltrato por parte del empleador.

“Por más perfiles falsos o anonimatos, pedimos que se hagan las denuncias porque esos son datos que nos servirán para establecer un protocolo de fiscalización y se cumplan con las medidas sanitarias”, expresó en contacto con canal GEN.

Asimismo, sostuvo que es obligación de ellos (autoridades) recepcionar ese tipo de acusaciones para que puedan actuar responsablemente.

Sánchez aclaró que funcionarios de la institución ya intervinieron el club social.

“Una persona puede denunciar vía whatsapp, redes, email o telefónicamente. Esa acusación se toma como responsabilidad y se procede a tener todos los datos,posterior a eso se recurre a la empresa denunciada y en todos los casos se busca la mediación. Hay toda una serie de sumario que se realizan una vez que se dan estos hechos”, puntualizó.

Respuesta

En vista a lo acontecido, La Nación se puso en contacto vía telefónica con el propietario de Rakiura, Roberto Costa Zenella, para conocer su versión al respecto. El mismo manifestó: “sobre ese tema está trabajando el estudio de abogados… Entiendo que mañana se presentarán varias denuncias… hasta penales…”, expresó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.