En charla telefónica con la 650 AM, el político oficialista expresó que evidentemente existen intereses de algunos medios de comunicación, que están en contra del actual Gobierno y que quieren instalar que los verdaderos culpables del crimen de Rodrigo Quintana son autoridades que supuestamente dieron la orden de atacar la sede liberal.

Ante esto calificó de importante que salgan a luz evidencias de la implicancia de referentes liberales en el caso de la quema del Congreso el 31M, con la contratación de barras bravas, y la fabricación de bombas molotov en esas fechas, que a su parecer se utilizaron para el siniestro.

Si bien dijo que todos lamentan la pérdida de la vida humana, recalcó que en el interior del PLRA no estaban haciendo un curso de capacitación, sino que estaban fabricando bombas molotov. “De ahí salían líderes liberales a agredir policías, quemar patrulleras, vehículos, entre otros”, criticó. “Ellos estaban buscando algún muerto para tratar de parar la enmienda sobre la reelección”, acotó.

Así también indicó que como el caso 31M, en la invasión del Cuartel de la Victoria se busca un mismo resultado. “Con la invasión de tierras están buscando lo mismo, es tocar la oreja del paraguayo que quiere a su patria. Solo en la cabeza de los zurdos, se decide atropellar un recinto sagrado para el paraguayo. Hay montón de criaturas con estos (sintierras) del Frente Guasu y amigos de Efraín Alegre. Yo creo que es un pago de factura del FG al Partido Liberal”, indicó.

Alliana ahondó que todo forma parte de la campaña electoral, y que esta situación se suma al acompañamiento que se dan ambas nucleaciones partidarias, que acordaron -según él- la ley del matrimonio gay y el aborto.

“Hay una de dos acá: o buscan algún otro Rodrigo Quintana para culpar al Gobierno, esta gente busca una nueva víctima, recorrer el país con el cadáver de algún fallecido, como hicieron con Rodrigo Quintana, cuyo cuerpo usaron para política partidaria. O para dar la estocada final a Alegre, porque su candidatura no prende. La izquierda le está pasando factura, para que la victoria de Mario Abdo sea aplastante. No puede haber alianza luego de la traición entre ellos para quedarse con el Estado”, argumentó.

Sobre la declaración de su colega Desirée Masi, quien anunció que saldrán a luz más audios filtrados, el presidente de la ANR dijo que están preparados para un ataque fuerte de los medios de comunicación para algunos candidatos. “¿Será que con estos ataques a un partido político hacen bien a la República?”, cuestionó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.