Los senadores del Frente Guasu, Hugo Richer y Sixto Pereira, junto con Pedro Santacruz del PDP, se reunieron el fin de semana con supuestos dirigentes campesinos y sus seguidores, quienes invadieron y actualmente ocupan ilegalmente la estancia Pindó desde hace 8 años.

“Esta es una tierra malhabida. Esta ocupación es una recuperación de nuestra tierra. Que estén aquí y su producción es un freno para que no sigan los grandes capitalistas. Es una acción de soberanía que les detiene. Si no estuvieran aquí, iban a arrasar con todo. Es una acción de patriotismo”, dijo Richer, según un video viralizado en las redes sociales.

Al respecto, en charla con la radio Universo 970 AM y canal GEN, el titular de la Unión de Gremios de la Producción (UGP), Héctor Cristaldo, cuestionó duramente que estos legisladores insten a los 1.500 compatriotas a que resistan en el sitio e invadan más tierras privadas.

“Es una irresponsabilidad e hipocresía, porque estamos en un momento difícil de crisis y necesitamos del esfuerzo de todos; para trabajar necesitamos tranquilidad y confianza. Esto no genera eso. En lugar de cooperar, estos legisladores ahondan en generar una crisis. No nos merecemos este tipo de gestión política porque estamos en emergencia y crisis. Esto no construye, esto destruye. Están en contra de la gente que trabaja”, argumentó.

En dicha propiedad invadida había casi 5.000 hectáreas de montes, pero ahora solo hay 2.000 hectáreas verdes. “Estos senadores están protegiendo a invasores. Se presentan como los defensores, pero son quienes deforestan. Dicen que los productores y sojeros deforestan, pero los marihuaneros y los invasores son los mayores deforestadores”, denunció Cristaldo.

Indicó que ante esta irregularidad cometida por los políticos del FG, verán las medidas a adoptar de manera institucional. “Reivindicamos nuestro derecho de vivir en paz y decimos que no importa el cargo de la autoridad, tiene que acatar la ley y la constitución, pero (el Frente Guasu) está promoviendo el conflicto, confrontación y violación de la ley”, puntualizó.

ROLLO TRÁFICO, UNA MINA DE ORO DE INVASORES

Por su parte, Margarita Colmán, representante legal de la estancia Pindó, dijo a la misma emisora radial que hace ocho años luchan contra los invasores, quienes encontraron en el sitio una “mina de oro” (refiriéndose al bosque) y comenzaron a implementar un negocio importante de rollo tráfico.

Lamentó que los legisladores luguistas tienen otros intereses y que lo menos que quieren hacer es escuchar la postura de los propietarios legales. “No es la primera vez que estos senadores hacen arenga e intervenciones dentro de la estancia. Estos mismos senadores hicieron este mismo trabajo con esta gente en varias oportunidades. No nos extraña que hayan hecho de nuevo”, agregó.

Sostuvo que tienen la información de que también el intendente de Ybyrarobana ingresa frecuentemente al sitio a reunirse con los invasores y ofrecerles mejoras, con el fin de conseguir apoyo político al acercarse las elecciones municipales. “Creemos que hacen la intermediación para hacer ingresar maquinarias que hacen sus caminos y también las conexiones eléctricas clandestinas”, argumentó.

Desde el año 2013 existen órdenes de expulsión de los ocupantes, pero que hasta la fecha no se concretan. “No avanza esto. Yo creo que acá falta voluntad política del Gobierno. Primero la excusa era que se debía evitar que ocurra una masacre como la de Campos Morombi. El Estado paraguayo no puede escudarse en eso para no dar cumplimiento. No hay excusa válida, se tiene que cumplir y punto. Está dejando que pululen grupos violentos, ellos nos incendiaron cinco retiros, maquinarias, tinglados, camionetas y capturaron personal e incluso a mí me llevaron por varias horas al monte, en el 2019. Tienen conexiones clandestinas y una vez cuando fuimos a desconectar nos sacaron a balazos”.

En la estancia invadida se observan viviendas grandes y también casas precarias, además de importantes tinglados y aserraderos que comercializan la madera del sitio; como así también hornos donde queman madera para hacer carbón para la venta. Además hay cultivo de marihuana, según la representante legal. “Teníamos una reserva privada, pero ahora prácticamente no existe esa zona boscosa. Están haciendo rollo tráfico bajo la mirada de la Policía, Infona, Ministerio de Agricultura y Fiscalía, porque les remitimos pruebas, imágenes satelitales, pero no hacen nada”.

El líder de estos invasores es Jorge Mercado Méndez, quien posee orden de captura por homicidio, invasión y otros delitos, de acuerdo con la letrada. “No solo invaden, cometen varios delitos y luego van a nuestra estancia a esconderse, es un aguantadero”, agregó.

El juez Carlos Martínez era quien llevaba adelante la causa de invasión, pero falleció hace poco tiempo y se espera que otro magistrado sea designado. El fiscal del caso es Cristian Bartomeu.

IMPUNIDAD, TIERRA DE NADIE Y COMPLICIDAD

El senador liberal Fernando Silva Facetti lamentó la actitud de sus colegas parlamentarios que apañan los atropellos a la propiedad privada. “Los colegas se reúnen con delincuentes con órdenes de captura, eso no está bien. No es lucha de clase social, porque los dueños son paraguayos que son propietarios legales. El trasfondo es la deforestación que hacen los ocupantes ilegales”, aseguró.

El parlamentario señaló que ese sitio se convirtió en una tierra de nadie pese a que el propietario hizo todo el procedimiento legal. Lamentó que existe impunidad y complicidad de parte de los comisarios de turno y de políticos de varios sectores que siguen respaldando a “los bandidos” que “no son campesinos sintierra honestos”. “El dueño ni puede sembrar en el borde porque le repelen a tiros”, refirió.

“La fiscalía sacó órdenes de detención o desalojo firmada por el juez, pero la Policía da excusas, pero mientras ve florecer el negocio de la venta de la madera. Tampoco vi que se haya detenido a algún policía por desacato”, criticó duramente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.