Esta acción de parte de estos facinerosos atenta contra el derecho a la propiedad privada garantizada en la Constitución Nacional, además de poner en serio riesgo el desarrollo del sector forestal, principalmente a las plantaciones que hoy están en la mira de muchas empresas internacionales, por la intención que se tiene de instalar la primera planta de celulosa en la zona.

El inmueble afectado es propiedad de Mabel Valiente de Ramírez, quien desde hace tiempo es víctima del accionar de estos inescrupulosos supuestamente ya identificados por la Policía y la Fiscalía de Concepción, pero a pesar de ello, siguen comercializando sin reparos el producto de la depredación de un monte de eucaliptos.

De un total de 1.200 hectáreas del campo, dividido en dos fincas, su propietaria destinó 100 a la reforestación con eucaliptos, proceso que inicio unos 10 años atrás. Plantar y darle manejo silvicultural a una hectárea reforestada con esta especie implica, al menos, una inversión de G. 21.450.000 por hectárea, lo que se traduce en aproximadamente G. 2.100 millones en el caso de este bosque.

La denuncia ya la hicieron los propietarios y está en manos de la Justicia, las autoridades policiales y la Fiscalía intervinieron en su momento, pero todo en vano. Incluso, representantes del Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT) habían planteado la compra de la tierra invadida ilegalmente, producto de la extorsión y el chantaje de estas personas, quienes sin importarles que se trata de una tierra racionalmente explotada, permanecen en el lugar y hoy están ampliando la capacidad de sus hornos para producir carbón a costa de la implacable desaparición de los últimos árboles plantados.

Por todo lo expuesto, la Fepama insta a los órganos del Estado a poner fin a esta crítica situación, que es una afrenta directa a las leyes de la República. Exige, igualmente, castigo ejemplar a los responsables, a fin de garantizar las inversiones forestales que con mucho esfuerzo y sacrificio se llevan adelante en el Paraguay.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.