La cartera sanitaria detalló que las personas que ingresen a Paraguay por motivos de asistencia técnica, empresariales o de interés económico para el país y otros casos especiales, por un período de tiempo de hasta 5 días deberán cumplir con una serie de exigencias establecidas ante el avance de la pandemia por COVID-19.

El Protocolo establece que la persona o empresa interesada en venir al país deberá:

* Solicitar autorización de ingreso, con 72 hs de antelación al Centro de Coordinación interinstitucional (CCI) por correo a coclenpy2@outlook.com o vía WhatsApp al (0981) 813-573.

La solicitud de ingreso al país deberá incluir datos personales, motivo del viaje, tiempo y lugar de estadía en el país, entre otros datos. El ingreso será autorizado por el CCI en coordinación con la Dirección de Vigilancia y Control de Fronteras.

En caso de que la permanencia se extienda por un tiempo mayor, deberá ser autorizado por el CCI, con una comunicación previa de 72 horas a la dirección de correo proveída o al número de WhatsApp.

* Cumplir con las Exigencias Sanitarias

• Presentar resultado negativo de test de detección del COVID no mayor a 72 hs previas al ingreso al país en un laboratorio acreditado y habilitado en el país de origen o tránsito.

• Presentar el Código QR que acredite que completó la Ficha de Declaración de Salud del Viajero

• Personas que hayan presentado la enfermedad COVID-19 entre 14 y 90 días previos del ingreso al país, deberán acreditar dicha situación mediante resultados laboratoriales que deberá presentar otro resultado donde indique que se ha negativizado.

• Contar con seguro médico internacional para COVID-19. Quedan exceptuados hijos de extranjeros hasta 18 años cumplidos, de padre o madre de nacionalidad paraguaya, así como ciudadanos del Mercosur y países asociados.

Por otra parte, durante su estadía, los inversionistas y técnicos especializados tendrán que adherirse a las medidas sanitarias como el uso obligatorio de mascarilla, distancia física y lavado frecuente de manos.

Así también, deberán mantener un registro diario de las personas con quienes mantuvieron contacto, además de realizar la autoevaluación diaria de signos y síntomas.

En caso de presentar alguna señal de la enfermedad, deberá comunicarse al 154 e informar su protocolo de ingreso al país.

Por último, el Ministerio de Salud indicó que la medida entrará en vigencia por 30 días a partir de este miércoles 21 de julio.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.