Mientras siguen sal­tando más nombres de funcionarios ya acomodados en Itaipú Bina­cional que participan del con­curso para contratación de personal en la institución, el Senado solicitó informe respecto al Proceso Selec­tivo Externo (PSE) a través del cual se realiza la convo­catoria.

El pedido impulsado por el senador Enrique Riera fue aprobado con 27 votos a favor durante la sesión ordi­naria de ayer y por el cual se requiere los documentos del proceso de selección para la incorporación de 220 profe­sionales en la hidroeléctrica. La documentación deberá ser entregada en medios mag­néticos y físicos en un plazo máximo de 15 días corridos improrrogable.

En el pedido también se requiere informe respecto a la lista de funcionarios de la binacional que fueron hallados en la lista de aspi­rantes de la referida convo­catoria, la cual en un princi­pio fue promocionada para incorporar a 220 “nuevos profesionales” dentro de su plantel.

“Es nuestra responsabili­dad nivelar la cancha, que haya igualdad de oportu­nidades para todos”, dijo Riera durante su alocución e hizo énfasis en que resulta muy llamativo que desde la hidroeléctrica estén llenando estos cupos a meses del cam­bio de autoridades.

“Para mucha gente, trabajar en Itaipú es un sueño hecho realidad, pero se sembraron algunas dudas en relación con algunos nombres que esta­rían entrando y hacia quienes el concurso sería dirigido”, señaló Riera haciendo refe­rencia a los 17.755 postulan­tes que figuran en la lista de “inscripciones provisorias” del proceso selectivo.

Otro senador que acompañó el discurso de Riera en el Senado fue el liberal Eusebio Ramón Ayala, quien sostuvo que “el tema de la transparen­cia y la publicidad son absolu­tamente necesarios. No hay razón alguna para no solicitar esos informes y menos razo­nes hay para no darlas”.

Cabe recordar que para este llamado se habilitaron 220 puestos vacantes; sin embargo, hasta el cierre de esta edición, desde la Unidad de Investigación de Nación Media logramos identificar a una veintena de funciona­rios vinculados a la binacio­nal que se anotaron en el con­curso en busca de un ascenso dentro de la entidad y con eso un aumento salarial (ver infografía).

Entre los funcionarios ya aco­modados en Itaipú que vuel­ven a concursar en el llamado figuran Justo Daniel García Ovelar, sobrino de la sena­dora Blanca Ovelar y funcio­nario del Ministerio Público comisionado a Itaipú, que a través de este llamado busca pasar al plantel de la hidroeléctrica con el cargo de gestor de Conflictos, Nego­ciación y Mediación.

Otra concursante aventa­jada es Sonia Soledad Cabrera Acuña, funcionaria de la Fun­dación Parque Tecnológico Itaipú y esposa del reciente­mente nombrado asesor de “Compliance” de la institu­ción, Jaime David Céspedes. Sonia figura como aspirante al cargo de gestor de Informa­ciones y Mediación.

Ante las incesantes denuncias que señalan al llamado para contratación de personal para Itaipú Bina­cional en beneficio de recomendados políticos, el abogado Wilson Benítez presentó una nota dirigida al director general paraguayo de la hidroeléctrica, Manuel María Cáceres.

A través de la nota, el abogado exige que la selección del personal en el referido llamado “sea trans­parente, que los exámenes sean públicos y los resultados sean publicados para conocer con exactitud quiénes son los mejores puntuados en los distintos cargos”. En ese sentido, la nota también refiere que “sería importante la suspensión del llamado”, atendiendo que el mismo se da a tan solo unos meses del cambio de gobierno.

“La ciudadanía está alerta. No permitiremos manipulación de los resultados de los exámenes”, dice parte del documento presentado por el abogado tanto a la dirección general de la binacional como ante la presidencia de ambas cámaras del Congreso Nacional y la Junta de Gobierno de la Asociación Nacional Republicana.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.