En una extensa y detallada publicación del periódico estadounidense, se pone de manifiesto una serie de acusaciones realizadas por dos empresarios de Miami para lograr la recuperación de activos del gobierno de Venezuela en el exterior.

Según señala la nota, Jorge Reyes y Pedro Antar lograron identificar hasta USD 40.000 millones en activos del gobierno venezolano en todo el Caribe, vinculados en su mayoría a la compañía petrolera estatal PDVSA.

Como parte de este proceso se vieron involucrados dos altos funcionarios del gobierno interino de Juan Guaidó, proclamado como “presidente encargado de Venezuela”. Se trata de Javier Troconis y Fernando Blasi, quienes llegaron a presentar una serie de propuestas para obtener sumas importantes de dinero.

Una investigación del Post, que incluyó más de 20 entrevistas y una revisión de documentos, descubrió múltiples acuerdos propuestos que involucraban a Troconis, los cuales habrían requerido lo que algunos miembros de la oposición han caracterizado como “pagos grandes e inusuales”.

Uno de estos acuerdos involucra al gobierno de Paraguay y la deuda que mantiene desde hace varios años con la petrolera estatal PDVSA. De acuerdo a la publicación, el acuerdo -que no llegó a ser ejecutado- contemplaba la condonación de la mitad de los USD 269 millones que nuestro país le debe a Venezuela.

En otro párrafo, se hace referencia al pago de una comisión “desproporcionada” a un abogado argentino de nombre Sebastián Vidal en el marco de este arreglo con el gobierno paraguayo. En el segundo borrador del contrato, Vidal habría recibido el 20% del acuerdo, o más de USD 26 millones.

Vidal afirmó a The Washington Post que había sido contratado por Troconis sin recibir ningún anticipo con la esperanza de cerrar un trato. De igual manera, sostuvo que la comisión propuesta era “más baja” de lo que normalmente cobra, y dijo que Troconis nunca le pidió una parte de ella.

“Troconis le dijo a la Asamblea Nacional que los paraguayos se le habían acercado con el trato. Negó haber contratado a Vidal”, refiere la nota del medio estadounidense.

Juan Ernesto Villamayor, jefe de gabinete de la Presidencia, dijo que Sebastián Vidal se presentó como “un representante de PDVSA” cuando tuvo el primer contacto en 2019. En octubre de ese año, Vidal solicitó una reunión entre funcionarios paraguayos y Troconis. Al mes siguiente, Vidal y Troconis habrían presentado el acuerdo propuesto.

Según Villamayor, en marzo Guaidó le pidió al gobierno paraguayo que enviara la propuesta a José Ignacio Hernández, exfiscal general de su gobierno, para su revisión. Hernández dijo que recibió el contrato ese mes y les dijo a los paraguayos que “no era legalmente válido y que no sería aceptado”.

*La publicación completa de The Washington Post se encuentra disponible en el siguiente enlace.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.