El estudio en cuestión utiliza la categoría “erogaciones”, pues la educación es una inversión pero a la vez es un gasto, por lo que su objetivo es “la identificación y el análisis de las erogaciones financieras que tienen lugar durante los procesos de escolarización en entidades educativas públicas con énfasis en situaciones de pobreza”.

Se trata de un estudio cualitativo que recoge información mediante entrevistas a profundidad a personas de comunidades educativas, de poblaciones rurales y urbanas, de Central y Capital. La población estudiada se ubica según sus niveles de ingreso en: fracción baja y alta de la clase baja (situación de pobreza extrema y pobreza general) y fracción baja de la clase media (familias en situación de vulnerabilidad).

Los rubros se clasifican en dos:

1)    Rubros visibles o asociados a la educación: útiles y materiales didácticos; vestimenta (uniformes); tecnologías de la Información y la comunicación para la educación; accesorios didácticos e insumos complementarios.

2)    Rubros invisibles o gastos no asociados directamente a la educación: alimentación, higiene personal, salud y transporte.

-¿Cuáles son los principales resultados?

-Alimentación: Cuando no se asegura la alimentación, entra en riesgo la retención del niño, la niña o el adolescente en la escuela.

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– En los rubros visibles, las erogaciones son más altas en las familias de zonas urbanas (40,8 %) que en familias de zonas rurales (21,6 %). Dentro de las zonas urbanas, en las clases bajas, en las familias más desfavorecidas, las erogaciones en educación representan el 63 % de los ingresos. En la fracción baja de la clase media, es decir, en las familias en situación de vulnerabilidad, las erogaciones llegan al 36 %. En resumen, cuánto más pobres son las familias, más les significa en sus ingresos el porcentaje de erogaciones en educación.

-Para el área rural, la caída de la escolaridad es mucho más temprana. Hay gastos que no se relacionan de manera directa con  la  educación, pero que influyen en la permanencia o no de niños, niñas y adolescentes en el sistema educativo. Las erogaciones en la fracción baja de la clase baja alcanzan en promedio 25 % de sus ingresos;  en la fracción alta de la clase baja, el  promedio llega al 27 %, mientras que en las clase media, llega al 24 %.

–En las zonas urbanas, hay más escuelas, más inversión, más incentivos que en las zonas rurales. Los ingresos monetarios pesan más en cuanto a cantidad y existe mayor propensión para sostener a estudiantes en las escuelas. En las zonas rurales, hay menos establecimientos escolares y los ingresos de las familias en dinero son de menor cantidad.

-Entre los rubros visibles, se invierte en primer lugar en Tecnologías de Información y comunicación, ya que desde la pandemia se ha integrado el  uso de internet en la educación; donde más se gasta es en paquetes de datos para celulares en las clases bajas; mientras que en la clase media, en algunos casos se cuenta con internet con wifi. El segundo rubro es el uniforme y en tercer lugar se ubican los insumos complementarios, sobre todo en el nivel medio y en tercer ciclo, las familias invierten un importante porcentaje de sus ingresos familiares en insumos, a pesar de recibir los kits escolares del Ministerio de Educación y Ciencias.

-En cuanto a los rubros invisibles, en higiene personal, las niñas deben invertir en toallitas higiénicas y la asistencia o no a clases se ve condicionada por este tipo de materiales; además de que existen controles sobre el aseo personal en algunos establecimientos, al decir del autor,  muchos de los gastos en aseo personal de las personas estudiantes y de limpieza del establecimiento se transfieren a las familias.

-En las zonas rurales más alejadas, como no existe transporte público, la moto y el combustible para llegar a la escuela o colegio  tienen costos que implican una importante erogación para las familias.

-¿Quién es el autor?

Luis Ortiz Sandoval es sociólogo. Doctor en Sociología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (Francia) y máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (México).  Fundador e investigador del Instituto de Ciencias Sociales (ICSO), donde dirige la Revista de Investigación en Ciencias Sociales (REVICSO). Forma parte de la Comisión Directiva del Centro de Estudios Antropológicos de la Universidad Católica, del Consejo Editorial de la Revista Paraguaya de Sociología y de la Revista Estudios Paraguayos.

Es docente de la Facultad de Ciencias Sociales, de la Universidad Nacional de Asunción (FACSO, UNA) y de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO Paraguay). Fundador y primer Presidente de la Asociación Paraguaya de Sociología (APS). Socio activo de la Sociedad Científica del Paraguay. Investigador categorizado del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores (PRONII), de Paraguay.

– ¿Dónde conseguir el libro?

El libro es de distribución gratuita, pues es una publicación en el marco del proyecto Tetayguára Jesareko de Juntos por la Educación, con el apoyo de la Unión Europea.  Se encuentra disponible en la página: https://juntosporlaeducacion.org.py/

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.