La Fiscalia General conformó un equipo de trabajo para investigar el homicidio de la abogada Laura Casuso. Fueron designados los agentes fiscales de la Unidad Especializada de lucha contra el Crimen Organizado, Alicia Sapriza, Hugo Volpe y Marcelo Pecci, quienes trabajarán en forma conjunta con la agente Sandra Diaz, de Pedro Juan Caballero.

Sapriza explicó a la 730 AM que este equipo estará para reforzar el trabajo de su colega de Pedro Juan y para proporcionar los equipos necesarios para el análisis de los celulares. “No recibí ningún tipo de delineamiento de la Fiscal General”, acotó.

Respecto a los celulares, ya que al principio se mencionó que la fallecida salió del recinto a atender una llamada y tras ser asesinada desapareció el aparato tecnológico, la fiscal confirmó que se pudo descartar esa situación. “Los testigos declararon en sede fiscal que no tenía celular consigo, era el manojo de llaves de su vehículo. La mujer no recibió ninguna llamada, sino que se retiró del lugar porque ya había terminado la reunión. En las imágenes de la cámara tampoco se observa que tenga celular en la mano”, dijo.

La entrevistada contó que encontraron cuatro celulares de Casuso, todos de diferentes marcas, de alta gama y de difícil desbloqueo. “Tenía cierto sistema de seguridad para sus comunicaciones. Los celulares fueron remitidos a Asunción lacrados para su correspondiente análisis y los técnicos informáticos intentarán desbloquear, también sabrán si algo fue borrado o alterado”, aclaró.

La fiscal no descartó que se haya puesto precio a la cabeza de la letrada, ya que el año pasado, tras un procedimiento que realizó la Fiscalía, se supo que un grupo mafioso estaba tras ella. “Se tiene conocimiento que algunas organizaciones criminales le amenazaron. Se le hizo llegar la advertencia para que tome sus recaudos y ella sabía que su vida corría riesgo”, dijo.

Siguió ahondando que existen otras organizaciones además del Primer Comando Capital y Comando Vermelho, por lo que no descarta que sea otro el autor del atentado.

Sapriza mencionó que inicialmente no hay elementos que involucren a agentes policiales en el crimen, más allá de las publicaciones periodísticas donde se divulgaron sus audios donde implicaba a altos jefes de la Policía en el esquema mafioso. Prefirió inspeccionar primero los aparatos celulares para poder sacar una conjetura en este aspecto y además sobre si sería una pelea de facciones. “No podemos descartar nada”, acotó.

La fiscal confirmó que no se practicó una autopsia al cuerpo de la víctima, sino que solo se inspeccionó visualmente.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.