La comunidad está dividida, pues una parte de las 22 familias vive dentro de la hacienda, llamada Santa María, y otros salieron por diversos motivos y los dueños ya no les dejan volver.

Marciana Antonia Galeano, de 34 años, salió un día a acompañar a sus hijos a la escuela que se encuentra a más de 15 kilómetros de la comunidad y nunca más pudo regresar.

Desde hace quince años vive junto a otros miembros de la comunidad al borde de la carretera que pasa frente a la estancia ganadera, rogando periódicamente a los propietarios que le permitan pasar a ver a su madre y otros parientes que siguen en el interior.

“Ni visitar a mi familia al menos un día a la semana. Prohibido ver a mis tías o a mi mamá, y ellos tampoco pueden salir. El propietario no quiere que salgan”, dijo a Efe Galeano.

“Están en un chiquero, viven en las mismas condiciones que los chanchos (cerdos) y no nos dejan llevarles alimentos”, se lamentó.

El pasado 22 de octubre Santiago González, fiscal de la Unidad Especializada de Derechos Humanos, ingresó a la estancia gracias a una orden judicial, “atendiendo a que podría haber el tipo penal de genocidio”, según explicó a Efe.

El gerente de la hacienda, Carlos Reinfeld, esposo de la propietaria, facilitó la entrada de la comitiva fiscal y policial, pero impidió el acceso de la prensa hasta el lugar donde se encuentra la comunidad, varios kilómetros campo adentro.

“El procedimiento se inició a raíz de una denuncia ya del año pasado por una situación de que podrían estar vulnerándose los derechos humanos de los indígenas que están en el asentamiento”, declaró González.

Reinfeld niega que los aborígenes de la etnia énxet que viven en la hacienda constituyan un comunidad indígena.

La estancia es parte de un establecimiento ganadero de más de 100.000 hectáreas que pertenece a Antonella Sacarello, ubicado a unos 160 kilómetros al norte de Asunción.

Abarca parte del territorio ancestral del pueblo énxet, una de las milenarias etnias oriundas del árido Chaco, que ocupa la mitad occidental de Paraguay.

Sus dueños han impedido en varias ocasiones la entrada de las autoridades del Gobierno para asistir y censar al grupo nativo, según una entidad que asesora a la Fiscalía sobre asuntos indígenas.

“Él pretende que mi gente ni figure en los papeles”, se quejó Galeano, en referencia a Reinfeld.

Para los indígenas el colmo de lo que consideran una persecución a su pueblo es que los terratenientes les han impedido llevar asistencia sanitaria a familiares enfermos que están dentro de la estancia.

Al menos cuatro de ellos han fallecido en los últimos años sin poder ser atendidos por una ambulancia, según manifestaron en su denuncia ante las autoridades.

Los ganaderos no les dejaron enterrarlos en su territorio tradicional, por lo que las tumbas están al costado de la carretera. “Ellos quieren enterrar a sus muertos allí para quedarse con la tierra”, dijo Reinfeld.

El estanciero mantiene a por lo menos una decena de indígenas como empleados permanentes. Ese grupo cuenta con cédula de identidad y cobra 1,5 millones de guaraníes (333 dólares) al mes, según dijo Reinfeld, que incluyó en esa cantidad el valor del alojamiento y los alimentos que él les provee.

El salario mínimo en Paraguay asciende a 1,82 millones de guaraníes mensuales (405 dólares).

Al resto, que siguen sin identificación, los contrata como peones por muy poco dinero, según los indígenas. “Él paga como si fuéramos esclavos. 130.000 guaraníes al mes (unos 30 dólares) por ser peón de estancia”, dijo Galeano.

Los conflictos por la tierra son muy comunes en Paraguay, donde grandes propietarios cuentan con títulos, a veces legales y otras veces ilegales, de terrenos donde residen campesinos e indígenas.

La mitad de los 140.000 aborígenes que viven en Paraguay carece de acceso a tierras para subsistir y mantener su cultura y lengua, según la Pastoral Indígena de la Iglesia Católica.

“El paraguayo tiene que entender que nosotros también somos humanos, ya son 4 cuerpos. Se nos tiene que dar la tierra. Este patrón debe pagar por los fallecidos, no pueden hacer esto; si él no quiere ver a los indígenas que se vaya de aquí”, dijo Galeano.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.