Lourdes Drews, directora de Gabinete de la previsional, confirmó la veracidad de la circular que comenzó a viralizarse mediante las redes sociales, donde se hablaba de un enrolamiento para actualizar la lista de pacientes (tanto asegurados como su beneficiarios) para dar los medicamentos.

Tras conocerse esta información que era interna, una gran cantidad de personas fue hasta el Centro de Atención al Usuario para actualizar sus datos, de modo a poder retirar las medicinas.

En conversación con la 970 AM, la encargada aclaró al respecto que el memorándum no debía darse a conocer a la opinión pública, sino que era un trabajo que debían llevar a cabo los funcionarios de manera paulatina, ya que no existe una fecha tope.

Drews explicó que desde el 2015 ya se dispuso realizar el enrolamiento de los asegurados y sus beneficiarios para implementar nuevos servicios y controles a futuro. “Lastimosamente se viralizó ahora y causa un serio problema en el IPS, porque muchos vienen exclusivamente a enrolarse”, indicó.

La directora contó que el plan es que se actualicen los datos de los pacientes cuando estos vayan a consultar. Además, para evitar este trámite, el IPS está en conversaciones con la Policía Nacional, para contar su base de datos, de modo a evitar el trabajo de enrolamiento. “Con esto el asegurado no tendrá que venir a realizar ese procedimiento”, agregó.

“Nadie tiene que venir para enrolarse o los que ya se hicieron no tienen que venir nuevamente. Sino que es algo interno para que nosotros podamos ir ganando más informaciones sobre los asegurados”, insistió.

Siguió contando que la intención es que el asegurado coloque su huella y pueda hacerse cualquier atención, y no tendrá que hacer otros trámites, como la necesidad de contar con distintos sellos en diferentes dependencias de la institución sanitaria.

A esto se suma que cuando entre en vigencia se podrá parar el robo de medicamentos y garantizar que una persona no reciba un fármaco que no le corresponda.

En cuanto a los pacientes que están postrados en sus camas y envían a familiares a retirar los medicamentos, dijo que existen dispositivos móviles que irán a acceder a los datos. El paciente, según explicó, puede dar el poder a una persona que se identifica con su huella para que pueda retirar los fármacos. “Se hará una certificación constante que esa persona sigue con vida, y además tienen que ir a hacerse controles. No toda su vida van a tomar ese mismo remedio”, acotó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.