El Censo Nacional Obligatorio de Jubilados y Pensionados del IPS se extenderá hasta el viernes 9 de julio, por resolución del Consejo de Administración del IPS, a petición de la Gerencia de Prestaciones Económicas y de la Dirección de Administración de Jubilaciones.

La modalidad a domicilio ya no estará vigente sino solamente la virtual y la presencial. No obstante, quienes hayan solicitado el censo en casa antes del 10 de mayo tienen garantizada la visita de los funcionarios.

A partir de ahora, todos los que no pudieron acudir a una de las 200 oficinas de la Dinacopa en el mes que les correspondía, deberán acercarse a regularizar su situación antes de la fecha tope del 9 de julio, de lo contrario, se les retendrá sus /p>hasta tanto actualicen sus datos completando el formulario disponible en estas sedes y presentando los documentos exigidos.

Quienes prefieran el trámite electrónico deben ingresar a la página web Instituto de Previsión Social,(http://www.ips.gov.py/) y hacer click en el ícono CENSO NACIONAL OBLIGATORIO DE JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL IPS y seleccionar la opción censo web.

Por esta vía se podrán actualizar los datos, que finalmente es lo que busca el censo, sin embargo, los documentos requeridos (SE DETALLAN MÁS ABAJO) deberán ser acercados a través de un familiar o representante (si el propio jubilado no pudiera) a la sucursal de la Dinacopa más cercana. Los pasos completos en este link.

LOS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL CENSO:

JUBILADOS POR VEJEZ E INVALIDEZ, Y PENSIONADOS CÓNYUGE:

1. Fotocopia autenticada de cédula de identidad civil vigente

2. Fotocopia autenticada de pasaporte vigente, en caso de contar con el mismo

3. Fotocopia autenticada de cédula de identidad civil vigente de algún familiar o persona con quien reside

4. Foto tipo carnet actual del jubilado o pensionado

5. Una boleta de servicios básicos sea (ANDE, Copaco, Essap)

PENSIONADOS, HIJOS MENORES DE EDAD O CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEA EL CASO

1. Fotocopia autenticada de cédula de identidad civil vigente

2. Foto tipo carnet actual

3. Original del certificado de vida y residencia actualizado

4. Curadores, tutores y apoderados:

a. Fotocopia autenticada de cédula de identidad civil vigente del apoderado o curador;

b. Foto tipo carnet actual del apoderado o curador;

c Fotocopia autenticada por el juzgado de la sentencia definitiva de designación;

d. En su caso, fotocopia autenticada del poder especial para cobro de dinero

e. Certificado de nacimiento original si son menores cuando la tutoría corresponde a los padres f. Presentar una boleta de servicios básicos sea (ANDE, Copaco, Essap)

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.