El gerente de Prestaciones Económicas de IPS, Pedro Halley, manifestó a ABC Cardinal que el próximo 10 de diciembre se concretará el octavo pago a aquellos trabajadores que fueron suspendidos durante la pandemia de COVID-19.

El monto de esta compensación económica se mantiene en G. 1.096.419 para cada trabajador cuyo contrato haya sido suspendido por su respectivo empleador.

Halley recordó que, además de este desembolso, se encuentra en proceso de análisis el pago de una especie de “aguinaldo excepcional” para cerrar el año. Al respecto, mencionó que fue una propuesta planteada inicialmente por el propio Ministerio de Trabajo.

Según explicó, el pago de este dinero tropieza con una dificultad jurídica ya que no se ajusta a lo establecido en la Ley de Emergencia que es la que establece el marco jurídico para el uso de US$ 100 millones otorgados al Instituto de Previsión Social.

“No está previsto como objeto de ese gasto un pago adicional en concepto de aguinaldo en diciembre. Lo que nosotros llamamos compensación económica es sustitutiva al salario, no está previsto nada sustitutivo al aguinaldo que es otro concepto laboral”, refirió a la 730 AM.

Al ser consultado sobre la forma en la que se tendría que calcular quiénes podrían acceder a este desembolso, el gerente de Prestaciones Económicas del IPS dijo que existen varias posibilidades y que con el número de cédula del asegurado tienen la posibilidad de saber cuántos meses estuvo suspendido.

Si llegara a concretarse, Halley sostuvo que se utilizaría la misma fórmula establecida en el Código Laboral para calcular el monto a abonar en concepto de aguinaldo, aunque dividiendo en 8 meses en vez de 12 (por la duración de la pandemia) y basándose en la cantidad de meses de suspensión del trabajador.

Por ejemplo, si una persona fue suspendida durante 4 meses, se debe multiplicar la suma de G. 1.096.419 por 4 y el resultado volver a dividirlo con 8 para obtener la cifra total a abonar.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.