El Director Jurídico de la previsional, José González, en entrevista con el Canal GEN, señaló que los hechos de corrupción son uno de los graves problemas heredados, que deberán desactivar, ya que una gran parte de los millonarios egresos, están basados en ella. 

“Lo primero es la denuncia que se ha hecho ante el Ministerio Público, con respecto al informe negativo que ha enviado la Contraloría general de la República con respecto a insumos por las que se pagó,  no se encontraban en la dependencia, no se encontraban en los depósitos o no se podía identificar en qué depósito estaban.  Luego, tenemos el pago de combustible por más de un billón de guaraníes, que corresponde al año 2022 y primer cuatrimestre del año 2023. Así también había obras pagadas, certificada, pero no ejecutadas.  Se tiene que determinar a las irregularidades de cada una de estas operaciones, que corresponde a 16 meses y todo el año 2022″, expresó González. 

Agregó que los informes de auditoria de la Contraloría, han revelado irregularidades que exige llegar al fondo, al efecto de esclarecer el uso que se dio a recursos que, en primera instancia, no fueron destinados para lo que estaba estipulado.

“Hay otros casos más, como el registro de proveedores del año 2022, porque también nos pide libros contables, libros de auditoría, informe auditoría correspondiente al año 2018 2019 – 2020 2021. Nosotros encontramos, cuando asumimos, que hay servicios que fueron prestados por la institución por fuera de un contrato, por fuera la ley 2051 de Contrataciones Públicas.  Tenemos que limpiar la institución. La orden del presidente es sanear la institución, hacer la auditoría, hacer los sumarios para eventualmente hacer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Pùblico”, acotó. 

Apuntó que otra grave irregularidad, es el caso de la infraestructura para armar salas de cirugía en el sèptimo piso del Hospital Central, por la que se debía destinar US$ 80 millones, que depositaron en el lugar, pero no había ningún registro. 

LAS DEUDAS 

Josè González remarcó que lo que adeudan a IPS (el Estado y las patronales, más las evasiones) totalizan los 1.300 millones de dólares, mucho más de lo que la institución adeuda a proveedores (alrededor de los 800 millones de la moneda estadounidense). 

“Nosotros hemos determinado deudas con los laboratorios, sin embargo nunca se habló, y esto es lo paradójico, de la deuda de lo que se le debe al Instituto de Previsión Social.  La administración anterior dejó de emitir los títulos de crédito, dejó de hacer la certificación de las deudas para enviar a la dirección jurídica, para iniciar las acciones legales. Cuatro años dejaron de emitir títulos de crédito. Tenemos más de 500 millones de dólares en deuda de las patronales con IPS, de las instituciones públicas con IPS. 

MÉDICOS Y ADMINISTRATIVOS

El asesor jurìdico de la previsional volvió  sobre el tema de la corrupción en el ente, señalando que no solo en licitaciones y proveedurías se perpetraron hechos de corrupción. Explicó que entre personal administrativo y médico, se detectaron graves hechos irregulares. 

“Hay funcionarios que pedían plata a los asegurados por servicios que ellos tenían que hacer de forma gratuita. Nosotros denunciamos también a personal de blanco y personal administrativo”, acotò. 

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Se quería hacer una planta quirúrgica en el piso 7 del hospital un día me hizo el presidente por favor quiero que la acompañes al gerente de abastecimiento y a la directora de mantenimiento que estaba asumiendo porque encontramos la parte de atrás del hospital en nuestro inventario en un lugar no recomendable ni siquiera estaban en un depósito también habían equipos de la planta de oxígeno que no tenían que estar ahí la información hicimos un inventario que no encontramos ningún respaldo y por otro lado al departamento correspondiente al administrador de contrato y nos

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informan dentro de uno de los puntos en el año 2022 se hizo un informe técnico por un ingeniero está en condiciones de soportar lo que sería una planta quirúrgica Los pilares yo justamente pedí también si los días nunca supera el porcentaje mínimo la empresa y aplicarme la multa correspondiente dentro del instituto de previsión social no tiene un período para imputar O sí una vez que imputa tiene un período de seis meses de investigación específico por parte del ministerio público estafa sobre los casos de las personas que vendían contrato que

Esa plata o sea estamos en conversaciones concretamente Ministerio de salud privados defendería su posición en una mesa de negociación verdad y laboratorio para poder sanear aplausos estudios para cobrar lo que se le debe 4 años dejamos de emitir título de crédito esta administración lo ha demandado Muchas gracias

El pronóstico indica que el cielo estará mayormente nublado, con vientos del sur y precipitaciones dispersas. La temperatura llegará a 18 °C.

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Para mañana, jueves, se esperan lluvias dispersas con tormentas eléctricas ocasionales, cielo nublado a parcialmente nublado y vientos variables. La mínima será de 12 °C y la máxima de 16 °C.

El viernes, las extremas oscilarán entre 9°C y 22°C. El cielo estará escasamente nublado, soplarán vientos variables, luego del sureste.

El sábado se prevé un día frío en las primeras horas, luego cálido por la tarde, cielo escasamente nublado y vientos del sureste.

El procedimiento fue realizado este martes 18 de agosto, desde las 04:00, por funcionarios de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT), con apoyo de personal policial, en la zona de Coronel Oviedo.

Durante el control fue verificado un vehículo perteneciente a la empresa transportadora Alberdi Exprés, en cuyo interior se encontraban varias mercaderías.

Entre la carga fueron detectadas 74 cajas de calzados, cada una con 12 pares, además de otra caja que contenía 36 pares de calzados de distintas marcas.

En total, fueron retenidos 924 pares de calzados deportivos, que, de acuerdo con el informe de la DNIT, serían de posible procedencia brasileña.

Al momento de solicitar la documentación correspondiente, se presentó una Boleta de Levante N.º 0001425, a nombre de una ciudadana argentina. Sin embargo, según el informe, no se contaba con documentación que acreditara la importación o el libre tránsito de los calzados dentro del territorio nacional.

Posteriormente, una vez trasladado el procedimiento al predio de GICAL, se presentó Carlos Saúl González Báez, quien se identificó como propietario de la empresa transportadora.

El hombre fue informado sobre la situación de las mercaderías retenidas durante el procedimiento.

EL RESTO DE LA CARGA SÍ TENÍA DOCUMENTOS

Desde la DNIT señalaron que las demás mercaderías transportadas contaban con sus respectivas documentaciones legales.

Por este motivo, esas cargas fueron liberadas, al igual que el vehículo de la empresa transportadora.

El procedimiento culminó a las 10:46 y quedó documentado con la firma de los funcionarios intervinientes y del propietario de la empresa.

La mercadería retenida quedó sujeta al procedimiento correspondiente para determinar su situación legal y eventual ingreso irregular al país.

La mujer expuso públicamente en comunicación con la radio Universo 970/Nación Media, la crítica situación burocrática y procesal que atraviesa desde hace más de cinco años. Denunció el incumplimiento del deber alimentario por parte de su expareja, quien pese a acumular una deuda calculada en G. 131.791.000 y contar con antecedentes de rebeldía judicial, no figura en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM).

El conflicto inició en el año 2016 con la firma de un acuerdo de homologación judicial en el cual se estableció una prestación mensual de G. 2.000.000 más la cobertura de un seguro médico.

Según el relato de Melgarejo, el demandado nunca cumplió con el pago del seguro ni con el monto estipulado de forma regular. Ante la falta de pago, en el año 2020 la denunciante formalizó la denuncia en la vía penal, lo que derivó en la apertura de una investigación fiscal por el incumplimiento de las obligaciones alimentarias.

Durante el proceso penal, el denunciado fue declarado en rebeldía y se mantuvo prófugo de la justicia durante varios años. Pese a que en las audiencias el imputado alegaba no contar con recursos económicos para cubrir la suma adeudada, el Ministerio Público otorgó un plan de pagos a 36 meses, pero volvió a incumplir lo pactado y permaneció prófugo dos años más, hasta entregarse en febrero de este año.

Melgarejo señaló que el tercer juicio oral programado para el pasado 30 de julio volvió a ser suspendido, mientras que el hombre actualmente se desempeña en el área de gastronomía y trabaja en instituciones educativas.

La denunciante cuestionó además las barreras administrativas para lograr la inclusión del moroso en el REDAM. Tras iniciar las averiguaciones este año, Melgarejo acudió al juzgado de la niñez correspondiente para solicitar el trámite, esperando que la inscripción fuera inmediata o respetara los plazos estipulados de 72 horas. Sin embargo, denunció haber recibido un trato deficiente y exigencias que contravienen la normativa vigente.