La abogada Verónica Recalde expresó que desde hace aproximadamente 6 meses el IPS no cumple con las aseguradas con relación al subsidio post parto.

Al respecto, hizo las siguientes aclaraciones: la previsional antes pagaba el subsidio íntegramente, pero el año pasado sacaron una resolución y decidieron pagar de forma mensual y que las mujeres que ganan más de 5 salarios mínimos no cobran el 100% de su último salario declarado antes del parto como dice la Ley Nro. 5508/15, porque el IPS invoca una ley derogada.

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“En este punto hago una aclaración, judicialicé un caso sobre esta violación abierta a los derechos, pero no pudimos llegar a un fallo judicial porque en el camino mi clienta se cansó de luchar contra el sistema“; relató en su cuenta de Twitter.

En ese contexto, la letrada manifestó que si el empleador pagó sus aportes con un día de retraso porque la propia Tesorería del IPS rechazó el pago, también rechazan el pago del subsidio a la asegurada en el post parto. Eso sucede cuando el Sistema del Registro Electrónico de Información (REI) presenta fallas, es decir, la empresa desea hacer el pago, pero no puede por las fallas técnicas del propio sistema interno de la institución.

“El Sistema REI no anda en el día del vencimiento, le rechazan el pago de subsidio a la asegurada. La empresa regulariza el pago al día siguiente y no, para ellos sigue en mora un mes después, porque un mes antes de la fecha de parto toman en cuenta”, explicó Recalde.

Según su criterio, las autoridades de la previsional han creado un sistema para no desembolsar dichos subsidios, cuando las empresas ingresaron todos los aportes, manifestando que las únicas afectadas son las madres que no pueden cobrar después del nacimiento de sus hijos.

“Las aseguradas han pagado con el 9% de sus sueldos el derecho a percibir ese subsidio. Andrés Gubetich (presidente del IPS) pague lo que corresponde”, puntualizó la abogada.

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Al respecto, la ingeniera Cecilia Rodríguez, gerente de Prestaciones Económicas del IPS, explicó en comunicación con HOY/Nación Media que la institución registra varios casos así.

“Lo que debe hacer el empleador es enviar una nota con la captura de pantalla en el correo especificando que quiso pagar, pero que en ese momento el sistema presentaba fallas. Somos conscientes que en algunos momentos no funciona el REI“, expresó.

Al respecto, explicó que la nota debe ser enviada a Riesgo Laboral de Reposo, luego desde esa área se encargan de derivar a la Dirección de la Tecnología y la Información (TIC) y al Aporte de Obrero Patronal para verificar la situación.

“Cuando ellos nos informan de que efectivamente hubo una falla al momento en que la empresa quiso hacer el pago, posteriormente, IPS reconoce el error y se hace el desembolso del subsidio post parto. Se tiene en cuenta esa problemática (falla informática), porque nosotros sabemos que día y hora hubo el inconveniente, pero no sabemos que empresas quisieron pagar“, acotó.

Asimismo, la ingeniera aclaró que, para que las madres cobren la asistencia del IPS, las firmas deben notificar a la previsional, en caso de que ese sea el inconveniente. No obstante, agregó que en caso de que el empleador no esté al día o no le tenga inscripto al trabajador, éste debe hacerse el 100% cargo de la trabajadora.

“A todos los trabajadores se les retiene el 9% de su salario, pero si la empresa no se puso al día, entonces son ellos los que deben hacerse cargo. El IPS no tiene por qué pagar si no están al día”, puntualizó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.