Si un trabajador de 50 años de edad se desempeña en una actividad desgastante, como estar expuesto diariamente a inhalar combustible, y esta produce un serio deterioro en su salud no puede jubilarse a los 60 años, tiene que ser antes, ejemplificó Pedro Halley, gerente de prestaciones de servicios del IPS.

El funcionario negó que haya propuesto que la edad de jubilación sea elevada a los 70 años en general, tal como se mencionó a través de medios de comunicación y las redes sociales, donde fue duramente criticado. “En ningún momento dijimos que la edad de jubilación va a alcanzar los 70 años sino que la edad de retiro no debe ser de 60 años para todos los casos sino referenciada a la actividad laboral que ejerce el trabajador”, aclaró.

“Para un burócrata como yo que estoy sentado todo el día en la oficina me dicen que me vaya a los 60 no pasa nada pero si le jubilás a un médico cirujano exitoso que está en un punto importante de su carrera y lo reemplazan por un residente es donde se puede hacer la diferencia”, señaló.

Adelantó que esta posibilidad de referenciar la edad jubilatoria de acuerdo a las actividades realizadas será presentada en el próximo gobierno dentro de las formulaciones de reforma de la Carta Orgánica de la previsional.

“En el próximo gobierno presentaremos la propuesta que la estamos trabajando con los técnicos y sabemos que debe revisarse la legislatura, cómo se determinaría y una de las posibilidad es por puntaje para calificar el nivel de deterioro del trabajador”, agregó.

Indicó que es bueno guiarse y tomar como referencia los casos exitosos de los sistemas jubilaciones aplicados en otros países como Uruguay que lleva adelante una buena jubilación para sus trabajadores. Agregó que se deberá iniciar un debate sobre todo el sistema jubilatorio paraguayo y la sostenibilidad de las cajas de jubilaciones.

La actual jubilación ordinaria completa es a la que accede el trabajador cumplidos los 60 años de edad con 25 años de aporte como mínimo. En caso de tener menos de 60 años puede acceder a una ordinaria pero con un porcentaje menor. A los 55 años de edad y 30 años de aporte se accede al 80 por ciento de los 36 últimos meses del salario.

En el caso de la extraordinaria contempla al trabajador de 60 años de edad que no completó los 25 años de aporte estando en estado de dependencia. Si perdió el trabajo también tiene la posibilidad de seguir aportando y beneficiarse con el ciento por ciento de los 36 últimos meses del salario percibido. También existe la jubilación por invalidez por enfermedad común y por enfermedad profesional.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.