• Por Santiago Rodríguez
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El sistema informático del Instituto de Pre­visión Social (IPS) es foco de críticas constantes por parte de los asegura­dos que deben formar lar­gas filas, tanto para agendar sus citas médicas como para retirar medicamentos. Esto cobra mayor sentido al con­siderar que dicho software fue adquirido por la insti­tución hace más de 20 años, según explicó el gerente de Desarrollo y Tecnología, Nelson Caballero.

El Sistema Integrado Hos­pitalario que es utilizado en el Hospital Central como en otras 46 unidades peri­féricas fue adquirido en 1999, pero recién empezó a implementarse en el 2003 y la última actualización que se realizó al programa fue “entre los años 2007 o 2008″, dijo el gerente de Desarro­llo y Tecnología. Explicó que en este tiempo lo que se ins­taló fue una versión del sof­tware desarrollada durante el 2006, pero aplicada en la institución en años posterio­res, y es el que actualmente se sigue utilizando.

Asimismo, agregó que la ver­sión de Oracle que utiliza el Sistema Integrado Hospita­lario, refiriéndose al motor de la base de datos sobre el cual se desarrolló dicho sof­tware, se encuentra discon­tinuado, lo que significa que ya no puede recibir una nueva actualización.

“Tenemos más de 20.000 usuarios, al usar este sistema ya obsoleto lo que hace es entorpecer mucho el trabajo y crear esas colas de operacio­nes que en ocasiones provoca la caída del sistema”, refirió Caballero sobre cuáles son los principales motivos por los que se corta el normal desa­rrollo del servicio, y remarcó que la principal causante de las “caídas de sistema” es la cantidad de usuarios que debe soportar.

Sin embargo, al ser con­sultado sobre si es que hay alguna forma de solucio­nar estos errores, el mismo admitió que estos fallos van a seguir ocurriendo entre tanto la previsional no pueda con­tratar un nuevo programa hospitalario.

“Antes imposible, no hay manera con este sistema”, aseguró; mientras los miles de asegurados van a seguir pasando por las intermina­bles filas y retrasos por los que deben atravesar al momento de realizar cualquier tipo de gestión en el IPS.

Hay que considerar que este sistema abarca servicios de agendamientos, consultas, historiales clínicos, prescrip­ciones médicas y entrega de medicamentos, lo cual efec­tivamente lo hace un sis­tema bastante completo, pero que se ve sobrepasado por la inmensa cantidad de usua­rios y datos que debe albergar.

Justamente esta cantidad de datos es la que se encuentra en riesgo, de acuerdo con el experto en seguridad infor­mática Miguel Ángel Gaspar, quien habló sobre las conse­cuencias que puede acarrear la utilización de un software de los años ‘90 y calificó este hecho como una “animalada”. “Esto quiere decir que tene­mos 12 años de desactualiza­ción y cuando no hay actuali­zación hay vulnerabilidades”, puntualizó Gaspar.

“Esto es peligrosísimo si tene­mos en cuenta que en tal sis­tema se encuentran datos de la gestión hospitalaria de todo el país. Cuando una vulnera­ción queda abierta, es esa vul­neración la que utilizan los ciberdelincuentes para pene­trar en el sistema y secues­trar los datos encriptando la base de datos. Es lo que ha pasado en países como Costa Rica, donde recordemos que tuvieron el sistema público de gestión secuestrado durante casi un mes, volvieron a los papeles porque tenían todo el Gobierno Digital secues­trado”, finalizó el experto.

Sobre una posible actualiza­ción de este sistema de ges­tión hospitalaria, Caballero refirió que no es factible que pueda ser actualizado debido al largo tiempo que pasó desde la última renovación, además de que la base Oracle está dis­continuada, y que debido a esto es necesaria la adquisi­ción de un nuevo software con nuevas funcionalidades que permitan migrar los datos a un nuevo modelo informático de atención en salud.

Empero, las trabas no acaban ahí, debido a que actualmente tampoco es posible que la pre­visional pueda realizar una licitación para este fin, ya que en el 2020 el IPS ya realizó un llamado justamente para la “Adquisición del sistema de gestión hospitalaria para el hospital regional y centros asistenciales del IPS en Alto Paraná”, adjudicado por US$ 6 millones a favor del provee­dor Green Sociedad Anónima.

Pero fue anulado por la Direc­ción Nacional de Contratacio­nes Públicas tras una inves­tigación que dictaminó que todo el proceso se hallaba viciado desde la elaboración de las bases concursales, el informe de evaluación y más, por lo tanto dicha contrata­ción hoy día está siendo judi­cializada, lo que impide que el IPS ejecute un nuevo proceso licitatorio para el mismo fin.

Mientras se desarrolla esta disputa judicial entre el pro­veedor y la previsional, los miles de asegurados deben seguir soportando las tardan­zas y malas atenciones en un Instituto de Previsión Social, que aparentemente, se quedó congelado en el tiempo y que sigue trabajando con sistemas informáticos de hace más de dos décadas atrás.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.