La Fiscal Lourdes Bobadilla obtuvo una condena de 15 años de pena privativa de libertad para Julián Reinaldo Núñez, por Tenencia y Comercialización de Estupefacientes. En el marco de esta causa, se realizó un allanamiento fiscal y policial, en la casa del procesado en el que los intervinientes hallaron 134 kilos de cocaína.

“Él condenado recibía el producto y adulteraba. Para generar mayor cantidad tenía en la cocina todos los elementos necesarios, papel film, balanza, ollas, tapers, entre otros. Tenía montado un mini laboratorio y con la pericia de extracción de datos se pudo corroborar que él distribuía y adulteraba las sustancias, para poder comercializar a mayor cantidad en todo el Departamento Central. Los testigos fueron coincidentes en destacar que él se dedicaba a traficar formando parte de una organización criminal, que se extiende en todo el área Central, distribuyendo gran cantidad de cocaína. Utilizaba la marca del pescado o delfín, que las organizaciones criminales usan para darle un destaque o realce a la droga”, afirmó el fiscal interviniente.

Según los antecedentes, una comitiva fiscal y policial allanó la vivienda alquilada del ahora condenado Julián Reinaldo Núñez, el 4 de octubre de 2019, en la ciudad de Itauguá. Al llegar la comitiva, el citado hombre se disponía a salir de su vivienda a bordo de un Toyota Premio que tenía. Detrás del autorradio del rodado había un doble fondo (dispositivo que funcionaba en con un mecanismo hidráulico que solo al presionar expulsaba la radio al frente y se observaba el fondo). Tenía un pan de cocaína con el cual salía a efectos de distribuir.

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Además, en el comedor de la vivienda se encontraron 28 tapers impregnados de cocaína, que eran utilizados por el condenado para la preparación, adulteración y mixturado de la droga. También tenía una balanza con capacidad de cinco kilogramos, tres millones quinientos mil guaraníes y dólares americanos.

Finalmente, en el allanamiento se encontró hojas secas de coca, ollas de aluminio que el acusado usaba para derretir la sustancia y abultar con adulterantes tras un proceso químico. Por último, en el fondo de la vivienda se hallaron otros 43 panes de cocaína.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.