Un equipo periodístico del diario La Nación y el canal GEN fue hasta la zona conocida como Isla Margarita, ubicada en el departamento de Alto Paraguay, para documentar la forma en que cientos de pobladores deben vivir el día a día en una comunidad que se encuentra bajo agua.

En el lugar, al cual solo se puede acceder por vía fluvial, existen alrededor de 120 familias que deben sortear todo tipo de obstáculos para movilizarse y desarrollar sus actividades diarias, desde realizar las compras hasta enviar a los niños a la escuela.

Las viviendas se encuentran en un 80% cubiertas por el agua tras la última crecida del río Paraguay. Cristina Fleitas, pobladora del lugar, mencionó que esta es una situación que se vive todos los años y se ha visto obligada a dejar su vivienda para mudarse en otro sitio.

Debido a esta situación, Isla Margarita vive prácticamente aislada del resto del mundo, teniendo como único medio de transporte las canoas que son alquiladas a un precio de G. 20.000.

Otra de las pobladoras comentó durante la entrevista con el canal GEN que ya van casi 6 meses de haber iniciado la inundación, con constantes subidas y bajadas del nivel del agua que, a la fecha, se encuentra con una altura de más de 7 metros sobre el nivel del río Paraguay.

Por un lado, Isla Margarita se encuentra próxima a la comunidad brasileña de Puerto Murtinho, mientras que al otro extremo colinda con la localidad paraguaya de Carmelo Peralta.

Ninfa Florentín, encargada de despacho de la escuela “Luis María Argaña”, comentó que los alumnos hacen todo lo que está a su alcance para llegar a la institución educativa y tener clases, valiéndose para ello de los botes. Debido a la crecida, los estudiantes deben regirse por un horario especial que va de 07:00 a 11:00 (turno mañana) y de 11:30 a 15:00 (turno tarde), sin tener receso fuera del aula debido a la falta de un patio.

Otra de las principales preocupaciones tiene que ver con la atención médica en la zona, debido a que solo cuentan con enfermeras para la atención de pacientes, teniendo a los médicos más cercanos en la localidad de Carmelo Peralta. Tan solo un doctor se encarga de acudir allí los días viernes.

Otra de las pobladoras del lugar sostuvo que esta crecida del río ha afectado comercialmente a la comunidad. Algunos de los que sí aprovechan la crecida del río para seguir trabajando son los “canoeros”, quienes se encargan de transportar en sus botes a los visitantes y turistas que van allí para pescar.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.