Ante la oleada de crí­ticas que señalan una posible “coci­nada” de cargos públicos a través del llamado para con­tratación de personal para Itaipú Binacional, el director general paraguayo, Manuel María Cáceres, llamó a una conferencia de prensa ayer en la sede de la entidad en la que sus explicaciones termi­naron quemando más el con­curso que poner paño frío a la situación. Sigue habiendo queja generalizada por los requisitos a la medida, ami­gos, familiares de altos fun­cionarios a la pesca de los cargos.

Publicaciones de Nación Media vienen revelando que la lista de “Inscripcio­nes Provisorias” del Proceso Selectivo Externo (PSE) del llamado está minada de fun­cionarios ya acomodados dentro de la binacional.

Sobre estos candidatos aven­tajados, el director sostuvo que “no pueden prohibir” que los funcionarios par­ticipen y que en la entidad no tienen concurso interno. Esta situación termina vul­nerando una convocatoria muy importante para los miles de personas que se postulan y que en este caso ascienden a 17.755, pero los contactos hacen que opera­dores se infiltren y generen desconfianza.

“Itaipú cuenta con muchos empleados que son técnicos, muchos de ellos universi­tarios, quienes, no pueden pasar al campo profesional de la entidad”, alegó Cáceres.

En la conferencia tam­bién se cuestionó el hecho de que entre estos aventa­jados figuren familiares de los altos funcionarios de la institución, como es Claudio Garcete González, hijo del superintendente de Recur­sos Humanos de nombre Claudio Garcete Godoy. La respuesta de parte del direc­tor general fue la misma, “que no pueden limitar la participación del concurso”.

Respecto a los señalamien­tos del posible direcciona­miento de los cargos a tra­vés de los requerimientos, el director negó que estos se hayan preparado “a la medida”, pese a que entre los requisitos de algunos car­gos se pueden ver exigencias como certificaciones dadas en un determinado centro de formación o cursos en el extranjero. Exigencias que llamativamente solo cum­plen los aspirantes aven­tajados que ya están en la binacional.

Sobre la apresurada forma en la que se realizó el llamado a contratación en plena etapa de transición de gobierno, el director general paraguayo subrayó que “no fue hecho de forma irresponsable y está demostrada la necesi­dad”, agregando que se lleva a cabo debido a la cantidad de puestos vacantes que tiene la binacional causa de las jubilaciones de su personal.

Hay un temor generalizado sobre la implementación de los exámenes y de sus posi­bles filtraciones así como de sus temarios. Sobre esta preocupación, Cáceres se lavó las manos y enfatizó la responsabilidad sobre otra institución. “Confiamos en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Asunción, la cual es la encar­gada de elaborar los exáme­nes”, respondió.

Hay que tener en cuenta que tal como daban a conocer a través de otros medios de comunicación, una de las instancias de control de estos exámenes recae en su área de “Compliance”, dependencia donde recien­temente fue nombrado ase­sor, Jaime David Céspedes, vinculado al cuestionado director de Responsabili­dad Social, Gerardo Soria. La esposa de Céspedes de nombre Sonia Soledad Cabrera, funcionaria de la Fundación Parque Tecno­lógico Itaipú, también pos­tula por el cargo de Gestor de Informaciones y Media­ción, con lo cual tampoco se termina de dar seguridad a los participantes sobre las posibles filtraciones de la prueba.

El director de la Itaipú ni el superintendente de Recursos Huma­nos, Claudio Garcete Godoy, al ser consultado sobre la cantidad de funcionarios de la binacional que se anotaron en el concurso, no supieron brindar datos. Llama la atención que desconozcan el número cuando es uno de los principales cuestionamientos de la ciudadanía.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.