En una reunión realizada el 18 de enero del 2022, la Dirección de la Agencia Nacional de Energía Eléctrica del Brasil (Anel), confirmó la aplicación de una tarifa provisoria, con la reducción sustentada por la caída del componente “deuda”, sin considerar los gastos de explotación como pretende Paraguay, con el objeto de mantener la tarifa.

Para el experto en temas energéticos Victorio Oxilia, esto no significa que la posición oficial de Paraguay ya esté vencida, no obstante, sostiene que se evidencia claramente, que la negociación de la tarifa que regirá este año, está más difícil hoy que en el 2021.

“Las presiones para reducción de costos en Itaipú serán cada vez más fuertes en el Gobierno de Bolsonaro. Presiones políticas también, pues necesitan de apoyo político del “Centrão”, constelación de pequeños partidos políticos atrás de cargos y poder”, opinó Oxilia.

Sin embargo, instó a no olvidar que el órgano responsable de aprobar la tarifa definitiva de Itaipú, es el Consejo de Administración, que, como en diciembre no alcanzó un acuerdo, programó una reunión para el 23 de febrero.

La tarifa provisoria aplicada en Brasil, rige únicamente para su mercado interno y va de la mano con la posición de ese país: la reducción en cumplimiento del Anexo C, que contempla la disminución ante la caída de la deuda, unos 600 millones de dólares este año.

Eletrobras, el ente equivalente a la ANDE en nuestro país, cobra a las distribuidoras brasileñas de las regiones del sur, sureste y centro oeste, que a su vez reciben la energía de la usina en forma de cotas proporcionales al mercado de cada una de ellas.

Paraguay sentó postura a favor de mantener la tarifa en USD 22,60 Kw/mes, y Brasil comunicó su posición de reducirla a USD 18,95 Kw/mes. Ambas posiciones se enfrentarán el 23 de febrero.

Tras la renuncia del director brasileño de Itaipú, Joao Francisco Ferreira, en su reemplazo asumirá el almirante Anatalício Risden, actual director financiero de la entidad.

El 24 de noviembre, una delegación paraguaya encabezada por el presidente Mario Abdo, el director paraguayo Manuel María Cáceres y el canciller Euclides Acevedo, se reunió en Brasilia con Jair Bolsonaro y toda una comitiva que superaba la media docena.

En aquella ocasión se suponía que el encuentro sería más íntimo, con un máximo de 4 participantes, entre presidentes y cancilleres de ambos países. Sin embargo, se dio todo lo contrario en cuanto a cantidad de personas y también respecto a los temas.

Se esperaba conversar principalmente de la tarifa de Itaipú, pero terminaron abordando “demasiados tópicos”, dispersando totalmente la atención del asunto de interés, evitando así hablar cara a cara de la tarifa.

Así lo describió en su momento el ministro de Relaciones Exteriores, Euclides Acevedo, quien consideró que hubo un desentendimiento del formato de la reunión.

Posteriormente, el 13 de diciembre, Bolsonaro dejó plantado a Mario Abdo Benítez, por lo que, tampoco conversaron sobre la tarifa, al punto que no se llegó a un acuerdo pese a que ya inició el año.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.