Liz del Padre Maciel, directora de Planificación Técnica Tributaria de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET), adelantó a la 650 AM que desde mañana se aplica el IVA a los préstamos otorgados antes del 1 de julio. Explicó que el impuesto se aplicará sobre los intereses que se devenguen con posterioridad de la entrada de vigencia de la Ley. “Si yo tengo un préstamo que tenía 10 cuotas, y yo ya pagué siete cuotas, sobre esas cuotas vencidas ya no regirá el impuesto, solo regirá sobre el interés que no venció (las tres restantes)”, agregó.

En cuanto a la crítica de los cooperativistas, quienes dicen haber acordado con el Gobierno la modificación de ese punto, dijo que en el acuerdo se estableció que se procedería a la revisión de la reglamentación y en la medida que la Ley permita iban a hacerse los ajustes. “En el acuerdo se aclaró que se iban a realizar las modificaciones siempre y cuando la Ley en sí lo permita”, indicó.

“Nos reunimos con los representantes de las cooperativas, y ellos nos expusieron sus situaciones. Luego realizamos un análisis y entendemos que la reglamentación es la adecuada”, dijo y contó que en su momento se solicitó a los representantes de las Cooperativas que acerquen sus solicitudes de existir inconvenientes.

En todo momento reiteró que no existen razones para modificar la normativa. “Se pueden hacer algunas precisiones, pero esto se realizará sobre cuestiones que planteen las cooperativas”, agregó.

Del Padre dijo que se gravarán la enajenaciones de bienes, la importación de bienes y la prestación de servicios. Aclaró que están exonerados los pagos en concepto de solidaridad, cuota de sostenimiento de las cooperativas, protección de aporte de los socios, las actividades de carácter recreativo, social, cultural o deportivo, entre otros.

La funcionaria sostuvo que la modificación del punto conflictivo únicamente puede realizarse mediante un proyecto de modificación del Parlamento.

PROYECTO DE LEY

Por su parte, Pedro Loblein, presidente de la Central de Cooperativas del Área Nacional Ltda. (CENCOPAN), dijo a Radio 1000 que lastimosamente el Ministerio de Hacienda “sigue con el afán de recaudar” y que intentaron por todas las vías modificar la normativa, pero que lastimosamente no lograron “salvar las cosas”. “Nosotros defendemos que el socio no tiene que pagar IVA”, indicó.

El cooperativista mencionó que la totalidad de las entidades solidarias del tipo A está lista para cobrar el tributo, no así las más pequeñas del tipo B y C.

Comentó que en la sesión de este jueves en el Senado figura el tratamiento del proyecto de Ley que modifica varios artículos de la normativa de las cooperativas. “Así como están las cosas se va a rechazar aparentemente el proyecto, porque no hay los votos suficientes. Capaz haciendo un mayor lobby consigamos que se apruebe”, añadió.

Argumentó que si se llegase a archivar el documento, se buscará el momento oportuno para presentar otro proyecto. “Algo tenemos que meter cuando estén dadas las condiciones ya en Diputados”, indicó.

El proyecto de Ley “Que modifica varios artículos de la Ley Nº 5501/15, “Que modifica varios Artículos de la Ley Nº 438/94, “De Cooperativas”, fue presentado por los senadores Pedro Santa Cruz, Esperanza Martínez, Desirée Masi, Arnaldo Giuzzio y Carlos Núñez.

El primero de los artículos afecta el porcentaje de la distribución de excedentes: 8 % como mínimo para reserva legal; 8 % como mínimo para el Fondo de Fomento de la Educación Cooperativa; y el 10 % para el fondo de desarrollo comunitario, a ser depositado en el Ministerio de Hacienda.

Según publica la página web del Senado, este monto igualmente será destinado al Fondo Nacional de Recursos Solidarios para la Salud, previsto en el artículo 14 de la Ley Nº 4392/11.

En tanto en el segundo artículo citado se exonera a las instituciones cooperativas del pago del impuesto al valor agregado, con exclusión de las adquisiciones y enajenaciones realizadas por la cooperativa con terceros. Igualmente, se exonera el impuesto a los actos y documentos que graven los actos de los socios con su cooperativa.

Constantemente, el diario ubicado sobre la calle Yegros presenta en sus ediciones impresa y digital publicaciones sobre la criptominería. El enfoque de estos artículos, en su mayoría, son positivos, demostrando las bondades que ofrece este negocio.

Desde editoriales, artículos de opinión y noticias con autoridades o referentes de las cripto granjas, el diario ABC Color viene posicionándose a favor de esta industria minera. La última nota compartida sobre el tema guarda relación con la posibilidad de que la energía excedente de las binacionales sea destinadas a las empresas dedicadas a la criptominería.

Al respecto, ABC publicó que el ministro de Industria y Comercio, Javier Giménez, designado como negociador de la tarifa de Itaipú para el año en curso, reconoció que el Gobierno fue a negociar con el Brasil con la idea de la creación de un fondo binacional “y puede ser que eso esté trancado”. Por tanto, indicó que se debe acelerar el proceso para la venta de energía a nivel local.

“La industria que capta mano de obra y mucha energía tal vez tarde un poco más (en venir al país), porque tiene su proceso, entonces vamos a mirarle a las criptomineras con otros ojos y a usar la característica que tienen para monetizar nuestra energía que le estamos vendiendo al Brasil a un costo muy bajo”, dijo recientemente.

Por otra parte, el medio periodístico en cuestión trajo a colación que, en la audiencia pública realizada el martes pasado en el Senado sobre el proyecto de ley que busca prohibir la criptominería en el país, los directores de la ANDE resaltaron que este año la institución facturará a las criptomineras US$ 100 millones y que el próximo se duplicará ese monto.

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EL NEGOCIO QUE HAY DETRÁS

Una investigación periodística del programa “La caja negra” reveló que el Grupo Zuccolillo estuvo metido en el negocio a través de su empresa Esur SA (Energías del Sur), usando como pantalla a un shopping para no abonar la garantía ni la tarifa especial establecida por la ANDE. La pérdida ocasionada ronda los USD 300.000.

De acuerdo a su página web, la empresa Esur SA forma parte del Grupo Azeta de la familia Zuccolillo. Esta firma inició sus operaciones en el año 2011 con el objetivo de desarrollar negocios en el sector energético, a tra­vés de la administración y distribución de energía eléc­trica en algunos centros comerciales, entre ellos el Shopping Mariscal y Abasto Norte, pertenecientes al mismo grupo empresarial.

En setiembre de 2023, el Departamento de Gestión de Grandes Clien­tes de la Ande remitió una notificación a la empresa Penta SA, de los Zuccoli­llo, que se encarga del Sho­pping Mariscal, al detec­tar “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desa­rrollando actividades aso­ciadas a la minería de crip­toactivos”.

En esa oportunidad llamó la atención a la Ande que la actividad comercial que funcionaba en el lugar bajo la categoría de shopping y edificio corporativo no cuadraba con el alto consumo que registraba en la prác­tica durante las 24 horas. Este factor hizo presumir que se utilizaba el mismo NIS del centro comercial como pantalla para la acti­vidad de minería, al hacer pasar la elevada demanda eléctrica como una fachada industrial.

En su misiva, la Ande puso en conocimiento de los Zuccolillo que estaba en vigencia la Resolución n.° 47191/2022 y su modifi­cación 47708/2023, por la cual se crea el Grupo de Consumo Intensivo Espe­cial, y aprueba las tarifas para los usuarios abaste­cidos en Muy Alta Tensión (220 kV), Alta Tensión (66 kV) y Media Tensión (23 kV), que desarrollan el pro­cesamiento de datos, provi­sión de servicios de almace­namiento de información, incluyendo la minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers.

Ese mismo mes, en una nota enviada por el direc­tor del establecimiento, Jorge Mendelzon, al titu­lar de la Ande, Félix Sosa, la respuesta dada fue que la empresa Penta no se dedica a la actividad de minería; sin embargo, sí lo hacía en sus instalaciones la firma Esur SA, la cual realizaba ade­más la “gestión interna” de la energía eléctrica en algu­nos centros comerciales. En su escrito, Mendelzon explicó que el NIS 1293023 correspondía a Esur hasta el 5 de julio de 2022, fecha en la cual transfirió el mismo a Penta, por discontinuidad de este modelo de negocio, quedando vinculado a Penta como cliente por el suminis­tro de energía.

Además, de acuerdo con el documento, por las nuevas tarifas fijadas por la Ande, Esur tomó la decisión de cesar las actividades de minería en el predio de Penta en el mes de marzo de 2023.

El agente fiscal Reinaldo Castillo decidió formular imputación contra Florentina “Ñeca” Chávez, de 53 años, por el hecho punible de homicidio doloso.

La mujer es acusada por la muerte de su pareja sentimental Sergio Daniel Ledesma Urtado, de 25 años, en un hecho ocurrido la mañana del lunes en la localidad de Hohenau, Itapúa.

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Según explicó Castillo a Nación Media, tomó la determinación de imputar a la acusada luego de recabar testimonios de algunos testigos, entre ellos los hermanos de la víctima, quienes confirmaron que frecuentemente la pareja tenía discusiones.

“Tenemos indicios que nos hacen suponer que el ataque se habría producido de esa forma (por una cuestión de celos)”, refirió el representante del Ministerio Público. De acuerdo a la familia, “Ña Ñeca” acostumbraba a ser celosa y agresiva.

El conflicto tendría su origen en el deseo del joven de terminar la relación (que llevaba cerca de 5 años), decisión que la mujer no aceptaba.

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Hasta el momento, no se logró conversar con la mujer debido a que aún permanece internada en el Hospital Regional de Encarnación. Una vez sea dada de alta, quedará en calidad de detenida y será convocada para prestar declaración.

El reporte menciona que Chávez fue hasta la casa de Ledesma para asesinarlo, propinándole estocadas en el cuello y el pecho. Tras cumplir con su cometido, habría intentado autoeliminarse cortándose las venas de las muñecas.

La fiscal Lourdes María Soto, agente fiscal de la Unidad Pena 3 de Coronel Oviedo, dispuso la captura y detención de un hincha de Presidente Franco que hirió a una mujer durante la final del Nacional de salonismo.

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Se trata de Gustavo Daniel Barreto Patiño, de 22 años, domiciliado en el barrio Obrero de Ciudad del Este.

Las imágenes de las cámaras captaron al autor de los disparos con hondita. El joven se encontraba en la gradería donde estaba la hinchada de Presidente Franco, ya identificado por la Policía. Varias otras personas sufrieron heridas en diversas partes del cuerpo, con los balines de plomo.

El criminal acto fue denunciado incluso por parte de personas que estaban con él. Señalaron que resulta evidente que el joven fue con la intención de agredir, ya que contaba con importante cantidad de proyectiles.

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