En septiembre de 2023, el Departamento de Gestión de Grandes Clien­tes de la ANDE remitió una notificación a la empresa Penta SA, (Shopping Mariscal) de los Zuccolillo, al detectar “fuertes indicios de que en el sitio se estaban desarrollando actividades asociadas a la minería de criptoactivos”.

La alarma de la ANDE se encendió debido al elevado consumo registrado en el lugar, pese a figurar en la categoría de edificio corporativo, lo que condujo a presumir que se utilizaba el mismo NIS del centro comercial como pantalla para la actividad de minería, al hacer pasar la elevada demanda eléctrica como una fachada industrial.

“Realizamos las verificaciones de las operaciones a través de un centro de operación, es decir, un cliente normal, un shopping, de madrugada no tiene carga, pero cuando el sistema detecta que el consumo es constante, ve que el consumo es adicional a lo que se había solicitado”, explicó el presidente de la ANDE, Félix Sosa, en una entrevista con el canal Gen-Nación Media.

El ingeniero confirmó que hay varios casos similares, pero que, respecto al de los Zuccolillo, se encuentra en evaluación en la asesoría jurídica de la ANDE, a los efectos de determinar si corresponde que se pague el monto de 300.000 dólares.

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“De hecho, el Grupo de Consumo Intensivo Especial ya se había definido en octubre y se puso en vigencia en noviembre pasado y desde ahí comenzamos la regularización correspondiente”, acotó.

El Grupo de Consumo Intensivo Espe­cial aprueba las tarifas para los usuarios abaste­cidos en Muy Alta Tensión (220 kV), Alta Tensión (66 kV) y Media Tensión (23 kV), que desarrollan el procesamiento de datos, provisión de servicios de almacenamiento de información, incluyendo la minería de criptoactivos, blockchain, token y data centers.

La ANDE denunció ante el Ministerio Público 64 casos de criptominería clandestina. Este año se hicieron 14 intervenciones a nivel nacional, con una desconexión de 46 megavatios de potencia, más de lo que requiere toda la ciudad de Pilar, que necesita 27 megavatios para abastecerse.

Los trabajos se realizan en el marco del Convenio de Cooperación entre la Ande y el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.

Durante el inicio de los trabajos, la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión agradeció a la ANDE por este proyecto de gran importancia que tendrá un impacto positivo en la ciudadanía en general, ya que el Parque Ñu Guasu junto con el Parque Guasu, recibe entre 40,000 y 60,000 visitas mensuales. Además, destacó que este trabajo es un paso inicial para continuar con el mejoramiento de las instalaciones en otros espacios administrados por la institución.

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Por su parte, el Ing. Félix Sosa, titular de la Ande, señaló que, por pedido de la ministra Claudia Centurión y en el marco de una cooperación entre ambas instituciones, se logra concretar este gran proyecto que proporcionará mayor seguridad a la ciudadanía con la modernización del sistema de iluminación pública y de distribución eléctrica. Además refirió que esta modernización permitirá una mayor eficiencia energética y menor impacto ambiental.

Estos trabajos incluirán la instalación de 276 artefactos de alumbrado público con tecnología LED tipo 6 de 190 W, con lo cual se logrará un mayor ahorro energético y una mayor eficiencia, además de ser amigable con el medio ambiente al no ser contaminante. También se llevará a cabo el cambio de 1.075 metros de conductores desnudos a protegidos en Baja Tensión, así como 851 metros de conductores desnudos a protegidos en Media Tensión. Asimismo, se procederá al retiro de los conductores desnudos y los artefactos obsoletos.

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El proyecto es ejecutado a través de la Licitación Pública Nacional Nro. 1743/23 contrato Nro. 9398/24 (Hombre Hora Padrón) HHPO bajo la modalidad de contrato abierto y es llevado a cabo por el Consorcio TEI mediante una inversión con fondos propios de ANDE, de G. 800.905.130.

La culminación de estas tareas que serán supervisadas por el Departamento de Supervisión de Obras de Distribución de la Dirección de Distribución, se tiene prevista en un plazo no mayor de 30 días.

La querella judicial presentada por el médico cirujano Eustasio Rojas Alegrerti, a través de su abogado José Fernández Zacur, consigna que Gubetich le vendió 4 inmuebles por valor de 2.350.000 dólares americanos, que en los hechos ya estaban embargados por deudas o vendidos a terceros.

Fernández Zacur dijo que el ex titular de la previsional, había convencido a su cliente para vender las propiedades en cuestión, invocando su necesidad de monetizar sus bienes para inyectar recursos a su campaña por la senaduría, por la lista de la línea liderada por Mario Abdo Benítez.

En los considerandos de la acusación, se hace mención a los documentos que aparentemente tenían visos de legalidad, pero que en los hechos no eran sino maniobras fraudulentas para cometer la estafa.

Andrès Gubetic está acusado en varios expedientes por varias irregularidades cometidas durante su gestión al frente de la previsional. Entre la larga lista se mencionan adquisiciones sin respaldo documental, presunta sobrevaloración de compras de medicamentos, supuesta malversación en pagos de servicios de seguridad, créditos adquiridos sin adecuación a requisitos legales para el efecto, entre otros.

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A través de un comunicado divulgado este martes, el Ministerio de Salud Pública expresó su posicionamiento respecto a las denuncias surgidas en las últimas horas.

Dichas denuncias guardan relación con algunos mensajes recibidos por parlamentarios y otras autoridades de parte de personas que invocan ser funcionarios de la institución y ofrecen contratos de trabajo.

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Respecto al tema, la cartera sanitaria aclaró que la contratación de personal se realiza bajo los mecanismos previstos en las leyes que rigen la función pública, desmintiendo que se utilicen comunicaciones telefónicas para dicho fin.

#COMUNICADO | El Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social comunica cuanto sigue: pic.twitter.com/rZ8RfNItf6

— Ministerio de Salud (@msaludpy) April 30, 2024

Así también, instan a cualquier persona que pudiera recibir ofrecimientos de esta índole a formular la denuncia pertinente ante la Fiscalía o la comisaría más cercana, a fin de darle seguimiento.

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Los datos que se tienen hasta el momento indican que desconocidos se comunican mediante llamadas telefónicas o mensajes de WhatsApp para ofrecer cargos públicos, lo cual hace suponer que podría tratarse de estafadores.