El encuentro con la prensa estuvo liderado por el coronel Jorge Mieres, vocero de la FF.MM., y los abogados Mario Elizeche y Horacio Galeano Perrone. También estuvieron presentes jefes militares, quienes intentaron explicar que las publicaciones en contra del general no condicen con la verdad.

El abogado Elizeche aseguró que no hubo malversación ni sobrecostos y que todo el manejo de recursos, para llevar a cabo mejoras en unidades castrenses, se hizo de forma transparente. Apuntó que los datos divulgados son inexactos e incompletos.

Consideró que deliberadamente se pretende desdibujar e instalar la imagen de que comandante de las FF.MM. se halla conducta de malversación. Por su parte, Horacio Galeano Perrone hablo de tensiones dentro de las Fuerzas Armadas, dando a entender que esta cuestión es parte de un internismo.

“Por su naturaleza, en la FF.AA. siempre va a haber tensiones, durante la guerra del Chaco se dio. Un líder tiene que administrar esas tensiones que son normales pero no quiere decir que esto va a menoscabar el espíritu de los militares”. expresó.

Sobre la ausencia del principal acusado en las publicaciones, los asesores legales declararon que no tuvo la autorización del comandante en jefe (Horacio Cartes) y recordaron que los militares son una fuerza obediente y no deliberante.

Además dijeron que están a disposición de la Fiscalía, para la investigación correspondiente. Respecto al planillerismo atribuido a la esposa del general Garcete, Lucía Duarte, evitaron mencionar comentario alguno ya que la conferencia, según explicaron, se realizó exclusivamente para deslindar responsabilidades del alto jefe militar.

Tanto el comandante de las Fuerzas Militares como su esposa, Lucía Duarte de Garcete, están siendo investigados por el Ministerio Público por el presunto caso de planillerismo que los salpica a ambos. Según la denuncia, la pareja del militar figura como auxiliar administrativo en el Comando del Ejército pero no acude a su puesto de trabajo.

Las instalaciones de las Fuerzas Armadas también eran utilizadas en beneficio de la fundación de Lucía, pues utilizaba el predio, funcionarios militares, camiones y ómnibus de la milicia, para las actividades encabezadas por la organización.

Representantes de la contratista CCT Ingeniería que cobró precios de oro en dos licitaciones de las Fuerzas Militares, argumentaron un “conglomerado” de cálculos que hicieron que un lavarropas cueste G. 100 millones, una jabonera G. 246.000, y 15 fusibles G. 3 millones (con su colocación). Cada ítem incluye materiales, desmontaje de lo antiguo, montaje de lo nuevo, flete, costos administrativos, etc., dicen.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.