Con ocho votos coincidentes, el JEM resolvió admitir la acusación contra la fiscal Casse Giménez, y rechazar In Límine la acusación contra el defensor público Fermín Bogado.

Los miembros del JEM solicitaron a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de la agente fiscal en el ejercicio de sus funciones, sin goce de sueldo.

Jorge Oviedo Matto, a través de su abogado Alvaro Arias, había presentado a finales del año 2022, la denuncia contra Casse Evelyn Giménez, agente fiscal de la Unidad Penal N. 2, de la ciudad de Villeta, y Fermín Antonio Bogado Domínguez, defensor del Fuero Penal Ordinario de Presidente Hayes, por el supuesto hecho punible doloso de testimonio falso.

Consultado hoy sobre la decisión, Oviedo Matto se mostró parcialmente conforme, al no haberse admitido también la acusación contra el defensor público. Aseguró que en el juicio va a demostrar su versión.

“Es fácil repartir mentiras como lo hace ella (la fiscala). Se hizo justicia a medias. Pero esto no termina acá. Voy a seguir hasta el último día para que esto se aclare”, indicó en charla con la prensa.

LA DENUNCIA HECHA ANTE JEM

Según la acción presentada ante el JEM, el supuesto hecho punible habría sido cometido en el marco de la Causa Penal No.9869/2017 caratulada: “RAUL ANTONIO FERNANDEZ LIPMANN Y OTROS s/ TRAFICO DE INFLUENCIAS Y OTROS” que fue objeto de juicio desde el 03 de noviembre de 2020 hasta el 28 del mismo mes.

Arias refirió que en las declaraciones de Giménez y de Bogado, presentaron a su cliente “socialmente” y también jurídicamente, como una autoridad venal, como una persona empeñada en obtener dinero a cambio de ejercer el rol de autoridad pública que en la fecha de esos hechos detentaba.

“Ambos enjuiciados, que efectivamente lo buscaron en su condición de integrante del JEM para abogar por causas que eran de su interés particular, inventaron que Oviedo Matto les exigió una suma de dinero (USD 5.000 – cinco mil dólares americanos) para “interesar” a los demás miembros del JEM en impulsar un enjuiciamiento pendiente (el de otra Agente Fiscal)”, refiere el escrito presentado.

Ahonda que en realidad, supuestamente, “ambos enjuiciados, que inventaron eso, fueron a sostener testimonio falso, la misma aseveración”.

“Llevaron adelante esa atribución infamante en su contra, presentándolo como un coimero, acusándolo de haberles pedido dinero para generar un procedimiento en el marco de la competencia del JEM (en ese entonces mi representado integraba el JEM designado por la Cámara de Senadores y en su condición de Senador Nacional)”, resalta la acusación.

Los enjuiciados apoyaron su “versión” con una grabación de la voz de Oviedo Matto, en la cual supuestamente conminaba a la fiscala a presentarse al banco. Al respecto, el abogado Arias aclara que “dicha esa grabación provino de una fuente adulterada o montada, como pudo comprobarse técnicamente mediante los procedimientos periciales llevados a cabo en el marco del proceso penal de referencia”.

Finalmente recuerda que en esta causa Oviedo Matto fue absuelto de reproche y pena.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.