Chicos y chicas, representantes de diversas organizaciones de 20 localidades de 7 departamentos del país, participaron de este encuentro, en donde coincidieron en la falta de políticas públicas al respecto, el escaso acceso a la información clara y oportuna sobre la sexualidad, así como la falta de atención en los servicios de salud, con énfasis en la prevención.

Las organizaciones Somos Pytyvôhára, Fundación Vencer, Proyecto Jaikuaa y Presencia Joven de Encarnación participaron de este encuentro para lograr un “acuerdo de exigibilidad para que la voz de las y los adolescentes y jóvenes estén plasmadas en las políticas públicas del Estado”.

Norma Benítez, de la organización BECA, dijo que “los y las jóvenes reconocen que no hay servicios de salud amigables a los cuales recurrir para pedir información, desde una perspectiva más preventiva y promocional de la salud”.

Explicó que un espacio de salud amigable es cuando “los jóvenes son escuchados, aceptados de entrada, porque muchas veces se les pide que vayan acompañados de sus padres y madres, porque son menores de edad; que sean espacios confidenciales, que sean respetuosos de sus derechos, que se les provea la información de manera diversa y los insumos, que actualmente los servicios no tienen”.

Asimismo, afirmó que las experiencias demuestran que aún está muy presente la violencia sexual en niñas y adolescentes, según una encuesta de percepción realizada entre jóvenes.

Lidia Saucedo de una organización de Santaní aseguró que “en la zona rural hay mucho desconocimiento sobre el tema. Los chicos y chicas inician sus relaciones sexuales a los 13 años, sin ningún conocimiento; algunas se embarazan, abandonan su colegio. La acogida de los familiares y la pobreza, es diferente en la campaña. Cuando una nena se embaraza, lo más viable es salir del colegio y que continúe criando a su criatura. Los niños van experimentando su cuerpo, sin ninguna información”.

Cinthia Escurra por su parte señala que “hay mucha injerencia de las religiones en el ámbito de la educación y que además no se habla en un lenguaje sencillo y apropiado, fácil para que el joven o la adolescente pueda asimilar y le sirva en el uso cotidiano. El o la joven recibe información de la que no puede apropiarse, es como muy conceptual”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.