Días atrás, la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de Ley para hacer algunas modificaciones a su actual seguro VIP. En la iniciativa se establecen tres formas para percibir este beneficio y, en todas, el aportante que desea recibir el dinero debe tener 55 años de edad.

La primera es la jubilación ordinaria, que se consigue al haber estado durante tres periodos parlamentarios (es decir, 15 años de aporte) y al tener cumplidos los 55 años. En este caso el importe que recibirá será del 80 % del promedio de lo percibido en dietas y gastos de representación, en los últimos 60 meses. Haciendo los cálculos, el promedio sería de 32 millones de guaraníes.

Mientras que la jubilación extraordinaria (al haber estado dos periodos en el Parlamento) será del 60 % del promedio de lo percibido en concepto de dietas y gastos de representación, en los últimos 60 meses. En este caso quedaría en G. 19.664.904 por 10 años de aporte.

En tanto que, los congresistas que solo estuvieron durante un periodo (cinco años), podrán seguir aportando para jubilarse luego o caso contrario recuperar sus haberes dados.

Cuando fue sancionada esta normativa, el liberal Dionisio Amarilla explicó que la caja es sustentada con los aportes de los propios congresistas, al descontarse de sus salarios el monto que luego percibirán a futuro, por lo que no se utilizarán los aportes de los contribuyentes.

CRÍTICAS

No obstante, esta concesión de beneficios para la clase política privilegiada no causó buena impresión. Vale recalcar que en el caso de un trabajador del pueblo existen más complicaciones para la jubilación, como el haber cumplido 55 años de edad y tener 30 años de aporte; haber cumplido 60 años de edad y tener 25 años de aporte o haber cumplido 65 años de edad y tener 15 años de aporte.

Ante esta gran disparidad, muchos ciudadanos ya comenzaron a juntar firmas en un portal, donde apuestan por “No a la jubilación VIP”. La meta es conseguir 15.000 firmas y hasta el momento faltan 3.000 para llegar a esa cifra.

Tampoco las autoridades de otros estamentos estatales apoyaron esta jubilación. La ministra de Hacienda, Lea Giménez, criticó que la autoconcesión de “mayores beneficios” para la clase política provocan rechazo entre la ciudadanía y afectan a la sostenibilidad del sistema de pensiones.

“Este tipo de iniciativas suman desconfianza hacia nuestros representantes. Se auto conceden mayores beneficios, en contra de la sostenibilidad de la caja, imponiendo mayor carga al contribuyente para beneficiar a un sector privilegiado”, sentenció.

Así también, el futuro presidente Mario Abdo Benítez rechazó la pretensión de los congresistas y anunció que iba a vetar el proyecto.

CARLOS PORTILLO Y SUS MEMES

Ante todo esto, en su afán de defender sus privilegios, el diputado liberal Carlos Portillo justificó la jubilación parlamentaria, al alegar que no se puede comparar a un legislador con una persona común. “Jamás se puede comparar una situación de un parlamentario con una persona común”, subrayó.

Esta situación causó la indignación de los ciudadanos, que lo reprocharon duramente a través de las redes sociales y también hicieron memes para dejarlo en ridículo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.