Porfiria Ocholasky, secretaria general del Sindicato de Funcionarios Judiciales del Paraguay (Sifjupar), manifestó a la 970 AM que el cese de actividades será de una hora cada día, por lo que hoy arrancan con un paro de 07:00 a 08:00 y así sucesivamente hasta llegar al día viernes. Ya desde el lunes 17, se impulsará una huelga general.

La medida de fuerza es impulsada debido a que no tienen respuestas en el Parlamento sobre la modificación de la Ley de Tasas y el pedido de ampliación presupuestaria que había sido solicitado, explicó.

Hasta el momento ya son dos los pedidos de ampliación presupuestaria que se rechazaron en el Congreso, recordó Ocholasky, y lo más probable es que ocurra lo mismo con el pedido que se encuentra pendiente de tratamiento actualmente.

La secretaria general de Sifjupar indicó que el proyecto de ley de modificación a la Ley de Tasas ya cuenta con media sanción en Diputados, pero la Cámara de Senadores rechazó dicha propuesta y por ello regresó a la cámara de origen.

“Si no se aprueba la ley de modificación de tasas o la ampliación presupuestaria, unos 1.500 funcionarios van a quedar sin trabajo, eso va a resentir aún más en el funcionamiento de la institución”, afirmó.

Ocholasky sostuvo que “existe una necesidad de hacer estas movilizaciones” debido a las múltiples carencias que hay, citando como ejemplos el pago del alquiler de los juzgados en el interior del país, la compra de insumos básicos y los demás servicios básicos como el agua o la luz.

Los funcionarios judiciales solicitaron una audiencia con los miembros de la Comisión de Presupuesto de Diputados ya que en dicha dependencia se encuentra el proyecto de ley de modificación de Tasas y el pedido de ampliación presupuestaria. La intención es hacer lobby para instar a la aprobación de la propuesta.

Ocholasky aclaró que en esta ocasión no están realizando ningún pedido de aumento salarial, ni para funcionarios y tampoco magistrados, sino para “cumplir con los compromisos contraídos por la institución”.

El nivel de acatamiento suele ser del 100% ya que dicho sindicato cuenta con miembros en todas las circunscripciones judiciales a nivel país, puntualizó la funcionaria, aclarando que de igual forma se cumplen con los servicios básicos para la ciudadanía.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.