Jueces buscan descomprimir las cárceles

Los jueces de ejecución buscan descomprimir las penitenciarías, teniendo en cuenta que el 86 % de los reclusos a nivel país está encarcelado sin conocer aún su condena. En casi todas las penitenciarías se registra hacinamiento por la excesiva cantidad de privados de libertad.


Fuente: Radio UNO

Delio Vera Navarro, presidente de la Asociación de Jueces del Paraguay, comentó a la 650 AM que durante la jornada de este jueves se realizó un seminario dirigido a jueces de ejecución, al Ministerio de Justicia y otras entidades, para ahondar sobre la ejecución de las condenas y los casos de personas que están privadas de su libertad pero que siguen en un proceso judicial.

Señaló que con la nueva ley de ejecución penal se pretende la rehabilitación de los reclusos. “Darles la oportunidad que vuelvan a la sociedad y se les permita, de acuerdo a su conducta, para que se sometan a esa posibilidad”, señaló.

Actualmente, ocho de cada 10 personas privadas de libertad no cuentan con sentencia, atendiendo que el 86 % de los reos corresponde a personas que soportan una medida de prisión preventiva.

 

Lío universitario: con un amparo judicial suspenden asamblea en la UNA

Por orden judicial la Asamblea Universitaria de la UNA, prevista para este jueves, queda suspendida. La medida fue presentada por un grupo de estudiantes asambleístas. El rector interino, Ricardo Meyer, lamentó que los universitarios se cierren al diálogo.


Fuente: Radio UNO

Para la presentación del recurso de amparo, los estudiantes invocaron el reglamento del año 1999. La justicia admitió la acción de los asambleístas y quedó suspendida la Asamblea Universitaria, en la que se tenía que elegir a un nuevo rector y vicerrector. La resolución lleva la firma del juez electoral del departamento Central, Alcides Bobadilla.

Ricardo Meyer, rector interino, lamentó la actitud de los estudiantes que se cierran al diálogo y permiten que instituciones foráneas como el Cones quieran intervenir en el conflicto de la UNA. Tras la maniobra de los alumnos, Meyer convocó de urgencia al Consejo Superior Universitario para renunciar al cargo.

El rector interino reiteró que es necesaria la elección de nuevas autoridades para ir normalizando la situación en la UNA. Manifestó que el cargo de forma interina tiene muchas limitaciones, como por ejemplo el pago de salarios a funcionarios.

Meyer insistió que dimite al cargo porque así lo había prometido. Cabe recordar que actualmente es candidato a la Intendencia de Asunción por el Frente Guasu. Ahora el Consejo Universitario tiene que elegir de entre sus miembros a un interino para la institución.

Los universitarios solicitan 30 días para analizar el perfil para elegir un nuevo rector, bajo las reglas del nuevo estatuto que se tiene previsto elaborar. El Consejo Superior Universitario suspendió la intervención en la UNA por 10 días, con la condición que se presente una hoja de ruta.

Recurso de Amparo: Foto @marianolopezpy
Recurso de Amparo: Foto @marianolopezpy
 

Fonacide: “Comunas cocinan entre 4 paredes las obras", dicen los constructores

La Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco) lamentó que los municipios y gobernaciones adjudican entre cuatro paredes casi todas las obras realizadas mediante el Fonacide, y que las empresas beneficiadas son totalmente desconocidas en el gremio.


Fuente: Radio UNO

El ingeniero Jorge Moreno, presidente de la Cámara Paraguaya de la Industria de la Construcción (Capaco), en charla con la 650 AM, criticó el mecanismo utilizado para realizar infraestructuras con el Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), que se encuentra a cargo de los municipios y gobernaciones.

Sostuvo que “el mejor control se da cuando hay un autocontrol entre las partes interesadas” y explicó que los fondos deben volver a las manos del Ministerio de Educación y Cultura (MEC), para que este ente estatal pueda visualizar las obras que se lanzan y la forma en que se oferta.

“Hoy esto se realiza entre cuatro paredes y nadie está enterado en qué y cómo adjudican las obras. Hace años reclamamos que venimos encontrando nombres de empresas ‘constructoras’ totalmente desconocidas. Se llaman El Constructor, El Hornero, Comercial no sé qué cosa, El Oportuno, etc., que hacen que finalmente que todos seamos perjudicados en esta situación irregular”, arremetió Moreno.

El ingeniero dijo que desde la Capaco deben apoyar a la transparencia de los procesos de compras que realiza el Estado. “Las Municipalidades y Gobernaciones carecen de la transparencia, y no corresponde que ellos puedan administrar estos fondos. Todo se politiza, todo entre cuatro paredes se cocina, hablando mal y pronto, y esto impacta en nuestra educación y nuestros jóvenes”, añadió.

Comentó que existen numerosas empresas de mediano tamaño que son serias y necesitan esta oportunidad de trabajo. “Hoy no se sabe a quién pertenecen las obras. No sabemos a quién reclamar. Esta situación se registra en casi todos los lugares”, cuestionó.

ESCASEZ DEL CEMENTO

Por otra parte, Jorge Moreno dijo que están sufriendo por la falta del cemento en el país. “Hoy la bolsa de cemento, que estaba a G. 43 mil, está por encima de los G. 60 mil o G. 70 mil si es que se consigue”, lamentó.

Dijo que es crítica la situación porque los constructores necesitan el producto de urgencia para cumplir con sus compromisos. “Esto pasa porque salió el sol y estamos realizando los trabajos. Hay una gran inversión en el sector público y privado”, añadió.

 

Planean estrategia para sacar a la “comepapeles” del Buen Pastor

El abogado José Domingo Almada anunció que pedirá al Ministerio Público el cambio de la calificación dada a la funcionaria María del Carmen Martínez. La mujer está imputada por robo agravado; sin embargo, el letrado pide que sea cambiado por “apropiación”. Con esto, podrá solicitar medidas cuatelares al juzgado para su defendida, quien se encuentra encerrada en el Buen Pastor.

El abogado José Domingo Almada, defensor de María del Carmen Martínez, quien es jefa de Recursos Humanos de la UNA, señaló a la 650 AM que no está de acuerdo que la mujer esté privada de su libertad e indicó que la calificación de robo contra la misma no es seria, justa ni objetiva. “La calificación no se ajusta a la realidad jurídica, nosotros consideramos la calificación que eventualmente podría ser es la apropiación y con esa sí corresponde la medida cautelar”, añadió.

Explicó que para que se trate de un robo agravado (la mujer está imputada por este ilícito) se necesita fuerza y violencia. “Ella estaba realizando su trabajo. No se forzó la entrada al lugar. Ella estaba haciendo planillas conforme al pago de salario que se debía realizar con el transcurso de los días y contestando cinco informes pedidos por otras instituciones”, aseveró.

Asimismo, el abogado indicó que la figura de la imputación imposibilita pedir medidas cautelares para su cliente.

El letrado comentó que no reconocen que la mujer haya secuestrado documentos del Rectorado. “Esa versión de que comió documentos no es cierta. Jamás comió ningún tipo de documentos. Ella estaba trabajando. Si bien es cierto que se encontraron algunos documentos en su vehículo, pero muchas personas ingresaron a esa camioneta. Al segundo que ella salió de la camioneta, unas 30 personas entraron hasta con documentos en sus manos. ¿Cómo podemos determinar quién puso los documentos ahí?”, cuestionó.

Almada dijo que se cometieron irregularidades en el procedimiento fiscal en la noche del jueves 24 de septiembre (cuando la fiscal Blanca Aquino llegó cuatro horas tarde al lugar), por lo que el levantamiento de pruebas es nulo, ya que el rodado no fue lacrado antes de incautar las evidencias, según argumentó.