Juego Sucio: Nulos controles favorecen a esquemas de apuestas deportivas
El negocio de las apuestas deportivas tiene una escasa regulación en nuestro país. Una investigación especial de GEN y el diario La Nación revela un esquema que genera millones de dólares al año y que opera sin control alguno.
En promedio, un árbitro del torneo local gana aproximadamente US$ 1.600 mensuales, pero una apuesta exitosa puede redituarle hasta US$ 10 mil. Además, en el sitio Aposta.La se pueden realizar operaciones de hasta US$ 3 mil sin necesidad de registrar datos personales.
En esta web, no solamente se puede apostar al resultado, sino también a la cantidad de faltas, tarjetas amarillas y muchas otras combinaciones. Con los nulos controles, es muy difícil saber si algún árbitro apostó en algún partido que le tocaba juzgar.
La ausencia de legislación para esta modalidad de apuestas no permite que exista un control sobre el flujo de dinero ni sobre las personas que realizan las transacciones.
La sociedad jurídica que figura como propietaria de Aposta.La se llama Daruma Sam SA. Uno de los socios fundadores de la empresa estaría vinculado con Mohammad Youssef Abdallah, líder de la Mezquita Verde de Ciudad del Este y según la justicia estadounidense, también sería comandante regional de Hezbollah y principal recaudador del grupo criminal en la región.
Hasta junio de 2016, la empresa era propiedad de Giancarlo André Espinoza Vega, quien falleció en un accidente de tránsito, dejando el negocio a cargo de su hermano Carlo Giuseppe Espinoza Vega y de Carlos Manuel Lugo Garcete, quien era secretario del fallecido.
Actualmente, los dueños son el ciudadano peruano Gregorio Espinoza Vera y el paraguayo Christian Ariel Doldán Díaz, ninguno de ellos aparece en las gestiones comerciales ni administrativas. La cara visible es Carlos Sacco, quien se desempeña como presidente del departamento Basquetbol del Club Olimpia (Olimpia Kings).
Fastpay es la empresa de cobros y pagos oficial del portal, la misma opera en el mercado como una Entidad de Medios de Pago Electrónicos (EMPE) y no cuenta con licencia. Este es el único requisito legal que debería cumplir la empresa para operar en Paraguay.
El Gobierno no controla movimiento de Fastpay, tampoco los clientes, el origen de los fondos, el financiamiento de la empresa o el destino del dinero.
Según la Dirección Nacional de Propiedad Intelectual (Dinapi), desde abril del 2018 Fast Pay figura a nombre de la empresa Trovato CISA, cuyo presidente es Marco Trovato, quien así viola el artículo 26 del Código de Ética de la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) al estar vinculado a las apuestas deportivas.
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Pensión alimentaria cubre al 55,4% de los adultos mayores
Al cierre de este año, un total de 310.609 personas reciben la pensión alimentaria, representando al 55,4% de la población de 65 años y más estimada para diciembre de 2023, según datos del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.
En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.
El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.
La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.
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Anuncian concurso para 50 cargos en Diputados e investigación de planillerismo
El presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, anunció un llamado a concurso de méritos para la contratación de 50 personas. Además, una investigación de los casos de planillerismo. No se tomará ninguna medida con la designación de los “hijos de”, alegando que los nombramientos no representan una forma de nepotismo.
En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.
“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.
También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.
“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.
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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.
El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.
Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.
Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.
Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.
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Oficializan entrega de armas incautadas en Operativo Dakovo a la Policía Nacional
Las más de 2.000 armas de fuego incautadas en el marco del Operativo Dakovo fueron entregadas este viernes a la Policía Nacional, a fin de reforzar el combate a los criminales.
En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.
Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.
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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.
“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.
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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.
Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.
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