De esta manera, el juez resolvió eliminar las medidas alternativas a la prisión de las que gozaban los tres acusados, y dictaminar la prisión preventiva para ellos hasta que finalice el juicio oral y público al que serán sometidos por un presunto delito de homicidio doloso, según un comunicado remitido por la Codehupy.

En abril de 2014, los adolescentes Francisco Rojas, de 16 años, y Néstor Duarte, de 17, ambos internados en el centro para menores infractores de Itauguá, murieron como consecuencia de los disparos presuntamente efectuados por guardias de la institución.

Los guardias trataban de controlar una protesta de los menores internos contra los maltratos físicos y verbales por parte de funcionarios, así como por la mala calidad de los alimentos y la falta de insumos.

Durante estos hechos, tres de los guardias perimetrales del recinto habrían efectuado al menos cuatro disparos de escopeta por entre las rejas de las ventanas de uno de los pabellones.

Como resultado de estos disparos, los adolescentes Rojas y Duarte fueron heridos de muerte y permanecieron más de media hora sin recibir ninguna atención, según la denuncia de la Codehupy, que acompaña una querella criminal contra los guardias acusados.

Esta querella busca “la sanción a los responsables de las muertes y la reparación a las familias de los adolescentes”, así como pedir al Estado que “adopte políticas efectivas dirigidas a una atención integral a adolescentes en conflicto con la ley y medidas para la no repetición de este tipo de hechos”.

Además de los fallecimientos de Rojas y Duarte, en el Centro Educativo de Itauguá, antes llamado Instituto de Reeducación del Menor Panchito López, donde ocurrieron los hechos, murieron doce menores en incendios entre 2000 y 2001, y dos adolescentes fallecieron en julio de 2014 al electrocutarse con la valla electrificada que rodea a la institución.

El centro ya fue objeto en 2004 de una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) por violar los derechos a la vida, a la integridad personal, al debido proceso y a la protección judicial de los aproximadamente 4.000 jóvenes que estuvieron en dicho sitio entre 1996 y 2001.

La sentencia acusaba al Estado paraguayo de no haber adoptado medidas especiales de protección en favor de los adolescentes privados de su libertad.

Por su parte, la ONG Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (Cejil), con sede en Washington, denunció en 2014 que diez años después de este fallo de la CorteIDH, Paraguay incumple su obligación, al carecer de un plan sobre reformatorios.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.