La jueza Nancy Duarte otorgó arresto domiciliario a Florencia Noemí Romero Cantero (22), quien atropelló y mató a la joven Natalia Godoy en octubre del año pasado. “El Juzgado consideró que ya no se encuentran reunidos los presupuestos que se tuvieron en cuenta en principio para el dictamiento de la prisión preventiva”, indicó en entrevista con la radio 730 AM.

La autoridad judicial informó que de la audiencia no participó el Ministerio Público, el cual “es el encargado de la investigación y hubiese sido importante para el juzgado escuchar su postura”. Sí estuvo presente la querella (familia de la fallecida), la cual se opuso tajantemente a que se conceda el arresto domiciliario a la sospechosa.

Respecto a su decisión, explicó que ya no existe peligro de fuga de la joven, porque “pudo demostrar su arraigo en nuestro país, no tiene antecedentes y hace seis meses que está procesada”. Tampoco a su parecer existe el peligro de obstrucción a la investigación, porque la mayoría de las diligencias procesales ya se efectuaron y las que faltan realizar son impresiones de desgrabación e informes de peritaje, por lo que la procesada no podrá tener injerencia, según consideró.

La magistrada refirió que la conductora en cuestión también goza de medidas menos gravosas que la prisión preventiva en atención a la situación epidemiológica por la pandemia. También explicó que la Corte Suprema de Justicia recomienda el uso de esta medida como último recurso y que no sea utilizada como una pena anticipada.

La magistrada, quien se encuentra atendiendo la causa de manera interina, decidió aceptar el pago de una fianza real de un inmueble por valor de G. 720 millones. Otra de las medidas impuestas a Romero es la prohibición de salida del país, prohibición de consumir sustancias estupefacientes y bebidas alcohólicas, así como la prohibición de portar cualquier tipo de armas.

Cabe recordar que Florencia Romero es la conductora que en octubre del año pasado protagonizó un grave accidente de tránsito en el que perdió la vida la joven Natalia Godoy (29), quien se encontraba aguardando un ómnibus para dirigirse a su lugar de trabajo cuando fue atropellada.

A raíz de la fuerza del choque, Godoy terminó falleciendo casi de manera instantánea, dejando huérfano a un bebé de apenas unos meses de nacido. Por su parte, la conductora fue sometida a la prueba del alcotest y dio resultado positivo.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.