Los acusados en la causa por Homicidio Doloso son: Hugo Andrés González Sosa y los hermanos Robert, Braulio y Arnaldo Ramón Alcaraz González.

El tribunal es presidido por el Abog. Enrique Furler e integrado por los demás miembros: Abog. Carlos Antonio López y Abog. Mario Cesar Miranda, en tanto que la representación del Ministerio Público está a cargo del fiscal César Martínez y de Federico Delfino como fiscal coadyuvante.

Durante el primer día del juicio realizado ayer jueves, el Agente Fiscal Abg. César Martínez hizo la presentación de alegatos iniciales en representación del Ministerio Público. Seguidamente se presentaron los alegatos iniciales de la querella adhesiva a cargo del Abg. Daniel Paiva, en representación de las víctimas. Los defensores de los acusados se reservaron el derecho de presentar alegatos iniciales.

Los hermanos Alcaraz González aceptaron presentar su declaración indagatoria, sin embargo, Hugo Andrés González (principal sospechoso de ser el autor principal del homicidio) se negó a hacerlo.

Primeramente, prestó declaración indagatoria Braulio, luego Arnaldo Ramón y por último Robert Alcaraz. Todos ellos declararon de forma uniforme que ingresaron a la Reserva Tapytá entre nueve personas, Braulio, Robert, Arnaldo, Hugo González, Lorenzo González (hermano de Hugo), Humberto Perdomo, Daniel González y un lugareño más de apodo “Petaca”. Además, afirmaron que todos estuvieron armados y señalaron que Hugo González fue el único que poseía una escopeta calibre 12 en el momento del hecho.

Por su parte, durante el juicio también se presentaron informes de los peritos Dina Ibarra y Miguel Nuñez. La Dra. Ibarra explicó el informe médico y el acta de levantamiento de cadavérico, y el Lic. Miguel Nuñez concluyó que los proyectiles extraídos de las victimas corresponden a un arma de fuego tipo escopeta calibre 12.

Finalmente, a pedido de la querella, debido a que el desarrollo del juicio se extendió por casi 7 horas continuadas, el Tribunal decidió aplazar el juicio y fijó su continuidad para el día 15 de setiembre a las 10 horas.

En dicha ocasión, el juicio continuará con el diligenciamiento de la prueba testifical con la declaración de Felipe Chavez, víctima y único sobreviviente del hecho.

Indicios apuntan al principal sospechoso

Según el abogado Daniel Paiva, los informes periciales y la declaración de los acusados, confirmarían la teoría de la querella de que Hugo González sería el autor de los disparos mortales contra los guardaparques.

Familiares, amigos y compañeros de las víctimas acompañaron el juicio

Familiares, amigos y compañeros de las víctimas estuvieron presente frente al Poder Judicial de Caazapá siguiendo de cerca el inicio del juicio oral y público. Esmelda Brítez, viuda de Artemio, expresó su felicitad por el inicio del juicio. “Estoy demasiado contenta porque para mí es muy importante la declaración de los acusados”, indicó.

Por su parte, Derlis Toledo, hermano de Artemio, también mencionó que están muy contentos pero que espera que se llegue a cumplir el pedido que tienen, castigar a los responsables. “Que los culpables sean castigados y paguen por lo que hicieron”, finalizó.

El caso

En agosto de 2018, Rumildo Toledo y Artemio Villalba se encontraban realizando su tarea de patrullaje en la Reserva Tapytá hasta que fueron emboscados por sus asesinos, quienes dispararon directamente a la altura de la cabeza. Toledo falleció en el acto y Villalba 14 días después de estar internado en terapia intensiva.

Posteriormente, en el mes de septiembre de 2018 el Ministerio Público imputó a Braulio Alcaraz González, Robert Alcaraz González, Hugo Andrés González Sosa, Arnaldo Ramón Alcaraz González y Daniel González Britos (este último continúa prófugo).

Los imputados permanecieron prófugos de la justicia por casi dos años y medio años, lo que generó la indignación de familiares, amigos de las víctimas y de toda la comunidad preocupada por los recursos naturales, por lo cual se realizaron varias manifestaciones frente a la Gobernación de Caazapá para exigir resultados por parte de la justicia y reclamar la falta de aprehensión de los involucrados, pese a que los mismos se encontraban por la zona, según información de los pobladores.

El 4 de marzo de 2020 fueron detenidos los hermanos Robert, Braulio y Arnaldo Ramón Alcaraz González. Posteriormente, el 11 de agosto del mismo año, se presentó ante la justicia Hugo Andrés González Sosa, quien solicitó prisión domiciliaria, la cual fue denegada y fue remitido a la Penitenciaría Regional de San Pedro y luego fue trasladado a la Penitenciaría Regional de Villarrica, donde continúa cumpliendo prisión preventiva.

Actualmente, la representación del Ministerio Público en la causa está a cargo del fiscal César Martínez y Federico Delfino actúa como fiscal coadyuvante.

Varios fiscales han sido apartados de la causa previamente. La investigación inicialmente estuvo a cargo de la Agente Fiscal Abg. Gladys Jiménez, quien posteriormente fue apartada. Luego fue designada la Abg. Karina Escurra, quien también fue apartada del cargo. Seguidamente se designó al Abg. Carlos Mercado junto al fiscal coadyuvante al Abg. Federico Delfino. Este último permanece a cargo pero Mercado fue apartado por recusación de la defensa de los familiares de las víctimas

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.