El juicio inició el pasado lunes 24 de julio, en la ciudad de Villarrica. El Tribunal de Sentencia está conformado por los jueces Porfirio Martínez (presidente), Julio Alfonzo Vera y Víctor Ortigoza.

El relato de la acusación refiere que, en julio del año 2022, Gastón Ortiz fue amenazado de muerte en una entrevista presencial, en una cafetería céntrica de Villarrica. El español Álex Castro, le pidió que dejara de publicar sobre él en el canal de televisión por cable donde trabaja. Como el periodista se negó, el español lo amenazó.

Igualmente, los amedrentamientos siguieron a través de terceros, que le hacían llegar al comunicador, las amenazas contra su vida. Se filtró además, un audio en el que se escucha al español decir que pagó G. 7 millones para asesinar al periodista y a la fiscala que interinó inicialmente esta investigación, Sussy Riquelme.

El ciudadano extranjero se habría presentado en dicha ciudad como un concejal del ayuntamiento de Mollet del Vallés, en España, y como nexo de un grupo empresarial que supuestamente iba a donar G. 6.000 millones al municipio guaireño, para reconstruir la Terminal de Ómnibus de la ciudad. Pero, de acuerdo a las publicaciones periodísticas de Gastón Ortiz, el hombre mintió porque no es concejal y además, el comunicador cuestionaba que no haya presentado ninguna acreditación o documento relacionado con este supuesto grupo de empresarios y la supuesta donación, lo que hacía sospechar de alguna estafa.

Para el Ministerio Público, la conducta se encuentra en el tipo penal de coacción, sin embargo, la defensa técnica de Alex Castro sostiene que la conducta descripta en la acusación, se encuadra en una amenaza simple, que es un delito de acción penal privada donde el Tribunal de Sentencia no tiene competencia para juzgar.

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El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.