Marcelo Zaracho, secretario general del Sindicato de Trabajadores del BCP, se refirió en entrevista con la radio Universo 970 / Nación Media a la reciente designación de la exviceministra de Hacienda, Carmen Marín, como parte del directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).

“Lo que tenemos es preocupación por la salud económica del país. La designación genera un claro conflicto de intereses entre los objetivos del Ministerio de Hacienda, de la política fiscal, y del BCP, política monetaria. Es la primera vez que está pasando esto”, remarcó.

Sostuvo que la única salida sería que Carmen renuncie al Ministerio de Hacienda, atendiendo que solo pidió permiso para ir a la banca matriz. Pero añadió que no solo Marín debe presentar su dimisión, sino también Marcelo Rodríguez, esposo de la misma, quien ocupa el cargo de coordinador de Recursos del Tesoro en la cartera económica.

“El BCP tiene que mantener el valor de la moneda y ahora ellos van a tener mayoría en las decisiones ejecutivas que afectarán al sistema financiero”, remarcó.

Desde el sindicato explicaron que el Banco Central y Hacienda son dos instituciones autónomas, y el hecho de que funcionarios de esta última institución (Carmen Marín y Humberto Colmán) ocupen cargos directivos en la banca matriz podría afectar el funcionamiento y la toma de decisiones en cuanto a normativas y otras disposiciones legales.

Zaracho mencionó que desde hace aproximadamente dos años, el BCP se ve afectado por normativas que impactan su institucionalidad y recordó que Marín no es la única funcionaria del Ministerio de Hacienda con permiso que integrará el directorio, dado que desde el 2020, Humberto Colmán es parte del mismo colegiado.

El pasado viernes 9 de setiembre, desde el sindicato dirigieron una nota al presidente del Congreso Nacional, Óscar Salomón, en la que expresaron su desacuerdo por la designación de Marín como parte del directorio del Banco Central. En la misiva detallaron los motivos por los que este nombramiento afectaría al BCP y afirmaron que se pone en riesgo la independencia de la banca matriz, además de perjudicar la credibilidad de la institución.

“La interpelación obedece a la preocupante tendencia que se viene materializando en los últimos años desde el Poder Ejecutivo, en donde de manera sostenida el Ministerio de Hacienda viene involucrándose en áreas que por naturaleza son de arbitrio exclusivo del BCP”, dice la nota del sindicato y añadieron que esta designación desvirtúa el concepto de pluralidad que se busca desde el colegiado.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.