Los camaristas Emiliano Rolón Fernández, Arnulfo Arias y Gustavo Santander confirmaron el fallo dictado por la jueza penal de Garantías Magdalena Narváez por el cual sobreseyó a Gallagher al no encontrarse elementos que pudieran demostrar cometió el delito por el que fue imputado.

Todo se inició el 4 de setiembre de 2018 cuando se presentó una denuncia penal contra el Dr. Gallagher en el Ministerio Público de parte de Cecilia Samudio, una mujer quien acusaba al profesional médico de haber cometido el delito de lesión grave durante una intervención quirúrgica a la que fue sometida en un sanatorio privado.

La denunciante señala que el 2 de julio de 2018 fue sometida a una cirugía estética por Gallagher, pero que con el correr de los días y tras la curaciones que le hizo el profesional en la zona abdominal aparecieron señales de necropsia y luego se supo que tenía cuatro bacterias en su abdomen. Tras esto es que se presentó la denuncia penal que fue investigada en principio por la fiscala Stella Mary Cano quien el 7 de marzo de 2019 imputó al médico por lesión grave.

El análisis preliminar del caso señalaba que las lesiones que sufrió la paciente tras la cirugía fueron eventos que se dan tras una operación compleja como a la que fue sometida la mujer, por eso se solicitó que una junta médica analice el caso. Finalmente el informe de la junta señaló que en todo momento se tomaron los recaudos para la cirugía de Cecilia Samudio, que no hubo manejo negligente de parte del imputado y tampoco la vida de la mujer estuvo en riesgo.

Con todos estos elementos la fiscala Diana Laterza presentó su informe conclusivo y señaló que no existen elementos suficientes para requerir la apertura de un juicio oral contra el imputado Alexis Enrique Gallagher ya que basándose en el informe de la junta médica no se pudo demostrar su negligencia y tampoco hay evidencias de una intensión de dañar a la paciente, por lo que no se reúnen los requisitos para acusar por el hecho de lesión grave y se solicita el sobreseimiento definitivo, así como el archivamiento del caso.

El 20 de julio de 2020 la jueza penal de Garantías Magdalena Narváez hizo lugar al pedido de sobreseimiento definitivo y levantó todas las medidas restrictivas que pesaban sobre el imputado.

Sin embargo esta decisión fue apelada y ahora la Cámara resolvió confirmar la decisión de la jueza Narváez y de esta manera el Dr. Alexis Enroque Gallagher queda sobreseído definitivamente del caso donde se comprobó que no hubo negligencia alguna.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.