Pasaron dos semanas desde que el gremio Auténticos Aboga­dos del Paraguay (AAP) presentó un amparo cons­titucional, una de las medi­das judiciales más rápidas que se dispone con el obje­tivo de frenar el cuestio­nado concurso para con­tratación de personal en Itaipú Binacional; sin embargo, hasta la fecha no se dio estudio al recurso con el que el referido gre­mio busca proteger el dere­cho al trabajo y a la igualdad amparados en la Constitu­ción Nacional.

El amparo se había remi­tido el pasado 5 de julio al Juzgado en lo Civil número 22 de Asunción, donde fue rechazado “in límite” por el juez Martín Acosta; es decir, que ni siquiera dieron estu­dio al documento presen­tado por el referido gremio por supuestamente “no jus­tificar la personería jurídica de los accionarios”, los cua­les fueron plenamente pre­sentados, según manifestó el abogado Juan Prieto, pre­sidente de AAP.

El gremio sostiene que el cuestionado proceso selec­tivo va en contra de lo esta­blecido en la Carta Magna, debido a que entre los requi­sitos excluyentes de pues­tos como el de “asesor legal – Departamento de Licita­ciones y Contratos” y otros, se establece que los con­cursantes deben tener un máximo de 30 años de edad.

“La Constitución Nacional no establece ninguna edad para participar en ningún concurso y la Itaipú Binacio­nal, siendo un administra­dor de la cosa pública, está obligado al cumplimiento de la ley”, lamentó Prieto.

Tras este rechazo, el presi­dente del gremio recurrió a la Cámara de Apelacio­nes y el caso fue remitido a la segunda sala del Tri­bunal de Apelaciones en lo Civil de la capital a cargo de los jueces Guido Cocco Samudio, Juan Carlos Pare­des y María Sol Zuccolillo. Sin embargo, cuando pare­cía que iban a resolver el caso, la magistrada Zucco­lillo solicitó permiso y se estancó el proceso.

Por los tiempos que rigen, se espera que hoy se designe el reemplazo pertinente, mientras tanto el concurso minado de denuncias está a punto de cerrarse.

Esta no es la primera denun­cia sobre el concurso, ya que hace dos meses, el abogado Wilson Benítez cuestionó a la binacional la falta de transpa­rencia en el proceso selectivo y solicitó “que todo el proceso sea público”, y en la misma fecha, la Cámara de Senado­res solicitó un informe sobre dicho proceso selectivo; sin embargo, hasta la fecha nin­guno de los pedidos fueron contestados por la Itaipú.

La empresa Tecno Dinámica SRL remitió un comunicado a nuestra redacción con relación a nuestra publicación del pasado lunes 17 de julio titulada: “Esposa de Ullón, con superascenso en el MOPC”. La firma figura entre los activos (como herencia) en las declaraciones del empresario Julio Ullón , exjefe de gabinete de la Presiden­cia de la República y en el material periodístico referimos el ascenso que experimentó su esposa en el Ministerio de Obras Públicas y Comunica­ciones, con dos cargos de alta relevancia, uno de ellos el de proyecto para el “Desarrollo de capaci­dades de gestión MOPC”, considerando las licita­ciones por valor de G. 55.590 millones que el polí­tico había acumulado en esta cartera estatal.

“El señor Julio Vicente Ullón Brizuela es accio­nista de nuestra empresa desde la declaración de herederos inscripta en los registros pertinentes el 30 de setiembre del 2020 con 8,33 % de par­ticipación accionaria y que desde que fue desig­nado accionista a través de dicha medida judicial, la empresa solamente ha sido adjudicada con un contrato en consorcio en el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con otra empresa por un monto de G. 2.488.836.756 para la fiscaliza­ción de la construcción de la Terminal de Cargas de la Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP) en la ciudad de Presidente Franco. Este contrato fue adjudicado en noviem­bre de 2022, mucho antes de la designación de la Sra. María Celeste Solís Bogado, esposa del Sr. Julio Vicente Ullón Brizuela, como directora de Control Interno y directora nacional del Proyecto PNUD en abril de este año”.

“Hemos tomado una decisión en relación con la designación de la Sra. Solís Bogado en un cargo gerencial del Ministerio de Obras Públi­cas y Comunicaciones (MOPC). A partir de dicha designación desde abril de este año, se ha deci­dido no participar en ningún proceso licitatorio en el mencionado Ministerio”.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.