​La resolución de la Corte Suprema, con fecha del martes, da por válida la ley aprobada por el Congreso y promulgada por el presidente paraguayo, Horacio Cartes, el año pasado.

“Es un paso realmente importante”, dijo a Efe el abogado Óscar Ayala, de la ONG Tierraviva que defiende en los tribunales a la comunidad oriunda del Chaco paraguayo, donde a la vera de una carretera han pasado 23 años esperando que el Estado les devuelva las tierras que un empresario ganadero les había arrebatado.

Se trata de la mayor expropiación de tierras a favor de una comunidad indígena realizada en Paraguay en democracia y busca dar cumplimiento a una sentencia de 2006 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), según Tierraviva.

“Ahora toca avanzar en la formalización del título comunitario y que los empleados de la estancia se retiren del territorio de Sawhoyamaxa”, dijo Ayala.

Los Sawhoyamaxa presentaron una denuncia contra administradores y empleados de las compañías Roswell Company y Kansol S.A., propiedad del empresario alemán Heribert Roedel, que poseían la titularidad de los terrenos hasta el pasado junio porque a pesar de todo continúan usando sus tierras para el pasto de ganado.

“La presencia de personal de la estancia en esas tierras debiera ya ser ilegal. Esperemos que empiecen a retirarse voluntariamente”, declaró el abogado.

La comunidad espera ahora que el Estado paraguayo de cumplimiento al resto de la sentencia de la Corte Interamericana que ordena que se les entregue un fondo de desarrollo de un millón de dólares para proyectos de servicios públicos como educación y salud, a los que nunca han tenido acceso.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.