El 6 de febrero de 2023, días después de que terminó el noviazgo entre ambos jóvenes, Katia Brítez presentó la primera denuncia contra Osvaldo Zaracho ante la Comisaría 17 de Lambaré, porque esa noche su exnovio ingresó de manera agresiva a su domicilio buscándola.

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Zaracho, lejos de aceptar la ruptura de la relación, comenzó con una serie de acosos a Katia, desde mensajes de textos, hasta perseguirla, incluso, cuando iba a su lugar de trabajo.

La fiscal Myriam Rodríguez había solicitado a la Comisaría 17, resguardo a Katia.

Katia volvió a recurrir a la justicia, pero esta vez fue la fiscal Myriam Rodríguez, quien tomó la denuncia y el 14 de febrero, solicitó vía nota a la Comisaría 17, resguardo policial en la vivienda de la joven y en su domicilio laboral, abriendo una causa por tentativa de feminicidio.

El 23 de febrero se dispuso la orden de detención contra Osvaldo Zaracho, pero llamativamente, la causa pasó a ser por violencia familiar. Le otorgaron la prisión domiciliaria.

Sin un solo control, Zaracho continuó con su día a día y con los acosos a Katia quien, otra vez, el 22 de abril presentó una nueva denuncia contra su exnovio por violar su reclusión domiciliaria, ante la misma Comisaría que en ocasiones anteriores, ya la había abandonado.

Inicialmente, la causa contra Zaracho era por tentativa de feminicidio, pero luego cambió.

Finalmente, el pasado 27 de agosto, Katia falleció en manos del hombre que en reiteradas veces denunció, pero que fue blindado por toda una estructura judicial.

El proceder de todos los actores judiciales en el caso de Katia hoy está en la mira del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM), que anunció una investigación preliminar sobre todos los antecedentes de la causa.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.