De acuerdo con el cronograma de estudios que la misma legisladora Kattya González dio a conocer a través de sus redes sociales, en el 2021 empezó el Masterado y Doctorado en Administración Pública con énfasis en Gobernabilidad en la Universidad Columbia.

La maestría realizada por la congresista tuvo una duración de un año, por lo que terminó ese mismo 2021, mientras que el doctorado duró dos años y lo finalizó en el 2022.

Lo llamativo del caso es que la congresista realizó su doctorado al mismo tiempo que su maestría, siendo que esto no se contempla en la ley vigente, por lo que a todas luces cometió una aparente irregularidad.

En ese sentido, la Ley Nº 4995 / De Educación Superior establece en su Artículo 68: Los estudios de doctorado tienen por finalidad la capacitación para la realización de trabajos de investigación original. Constituyen un aporte significativo al acervo del conocimiento en un área específica del saber. Otorgan el grado de Doctor, para lo cual el aspirante debe seguir un plan de estudios y llevar a cabo una investigación original que se presenta bajo la forma de una tesis. Los programas de doctorado deben desarrollarse sobre la base de un título Magíster.

Requisitos para cursar el Doctorado.

Por lo que puede apreciarse, la senadora González es beneficiaria del mismo sistema educativo que permite un abogado exprés en solo tres años, que permite un caso como el de Hernán Rivas que justamente ella cuestiona y que permite que un doctorado, que es el máximo cargo académico, se haga en dos años y al mismo tiempo que una maestría.

En su defensa, la congresista dijo a ABC TV que solo se pretende desviar la atención con esta “falsa acusación” en su contra. Aseguró además que se presentó en todas las clases y que tuvo calificación excelente. “He presentado mis tesis doctorales en dos mesas diferentes. Egresé en dos años diferentes”, dijo además a radio Ñanduti.

También el área de Posgrados de la Universidad Columbia emitió un comunicado mediante el cual informó que la senadora cursó una maestría y un doctorado con “100% de asistencia y altas calificaciones”, así como con la presentación de las tesis correspondientes, pero sin profundizar sobre cómo fue posible que curse ambos estudios al mismo tiempo y en tiempo récord.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.