Duarte estuvo como invitado en el programa “Fuego Cruzado”, emitido por canal GEN/Nación Media, y advirtió que disiente con el enfoque de la comisión, en el sentido de que primeramente estas comisiones de investigación del Congreso Nacional están limitadas en su accionar.

Limitaciones subjetivas y objetivas

Por un lado, se refirió a que “su limitación es subjetiva; es decir, no pueden convocar a cualquier persona, solo pueden hacerlo a los funcionarios públicos o a los particulares que trabajan en las empresas públicas, o donde el Estado es accionista”, manifestó. En ese sentido, hizo referencia a la investigación que desea impulsar la comisión, intentando mediante el uso de la fuerza obligar a Ortiz a prestar declaraciones.

“La otra limitación es objetiva y se refiere al tipo de cuestión que analizarán, si no estoy trascordado, la investigación de la que hablamos versa sobre la hipótesis de un delito que es el supuesto lavado de dinero sin perjuicio de que pueda haber otros hechos conexos. Consecuentemente es una cuestión jurisdiccional, esto quiere decir que el Ministerio Público tiene que investigar, y si encuentra todos los elementos iniciar el procedimiento penal para llegar a la verdad y eventualmente condenar a quienes resultaren culpables”, explicó el constitucionalista.

Invade competencia

De no actuar de este modo, se estaría invadiendo la competencia de otro poder del Estado que es la encargada de realizar la investigación en caso que haya un hecho punible. “Si nosotros admitimos la hipótesis de que una comisión del Congreso escucha en la radio que se le acusa a un señor fulano de tal de haber cometido un robo o agredido a una persona, puede constituir una comisión y solicitar la comparecencia de esa persona y hacer una investigación, vaya a saber qué derivación puede tener eso. Esto quiere decir, en hecho constitucional, la invasión a las competencias de otro poder del Estado”, señaló también Duarte.

El exlegislador de Patria Querida, con ámbito en el derecho constitucional, precisó: “Esta comisión puede hacer la investigación que le parezca dentro de las limitaciones que acabo de señalar, y con esa información a la que accedan hacer las denuncias en el ámbito correspondiente que es el Ministerio Público, que sabrá si necesita de alguna autorización jurisdiccional para profundizar en su investigación. Para mí está claro, si estos legisladores tienen fundadas sospechas de que existe tal cosa, entonces, tienen que hacer una denuncia ante el Ministerio Público y la institución evaluará eso y solicitará al juez de Garantías lo que sea necesario para continuar su investigación”, explicó durante el programa.

Hoy es Ortiz, mañana puede ser otro

Marcelo Duarte expresó su preocupación porque tiene temor de que “realmente este caso siente un precedente sumamente grave: hoy puede ser José Ortiz y mañana puede ser otra persona. Hay evidentemente una disputa del orden político, electoral y el hecho de la sospecha de la existencia eventual de un ilícito es el pretexto para discutir un problema político; entonces, buscan sacar provecho de uno o de ventaja sobre el otro”, manifestó.

Se pudren las instituciones

El exlegislador continuó hablando sobre el punto y se refirió a la independencia del Poder Judicial y la expresa prohibición de este tipo de acciones. “También el artículo 248 habla de la independencia del Poder Judicial y claramente se prohíbe este tipo de acciones; es decir, no hay que confundir una investigación de la actividad de funcionarios públicos en su carácter de tales o de particulares interviniendo en empresas públicas con algún fin ilícito con la actividad natural establecida por la Constitución para el Poder Judicial, a los efectos de sancionar a quienes violentan la ley penal”, mencionó.

Se refirió también a que si hay sospechas de un hecho punible, la información que posea la Comisión de Investigación debe ser derivada a la Justicia para que haga su trabajo. “Si hay sospechas de un hecho ilícito como sería el lavado de dinero, entonces la información que posea o llegue a poseer la comisión investigadora tiene que ser arrimada a la Justicia porque no es un problema político solamente. Pero, distorsionar la división de los poderes para buscar réditos políticos puede ser una victoria circunstancial pírrica y le hacemos un gran daño al país porque violentamos, descomponemos, prostituimos, pudrimos las instituciones”, advirtió.

Película de TV y derecho anglosajón

Asimismo, Duarte se refirió a los derechos y garantías constitucionales que no son los mismos establecidos en otras legislaciones como el anglosajón que es diferente al nuestro. “La Constitución Nacional establece como una facultad de la Comisión Bicameral de Investigación, en el artículo 195, llamar, citar a personas particulares, además de otros funcionarios públicos. Sin embargo, en el artículo 4 establece que los derechos y garantías constitucionales serán respetados, estarán vigentes aún ante el llamado de la Comisión Bicameral y en la ley reglamentaria de ese artículo determina que la persona puede excusarse alegando el artículo 18 de la Constitución Nacional, el cual establece que nadie está obligado a declarar en su contra. Pero esto que sucede ahora parece una película de televisión inspirada en el derecho anglosajón; en nuestra Constitución no existe”, reiteró Duarte.

Persecución política

Por su parte, el abogado Pedro Ovelar fue contundente en sostener que la motivación de la comisión se centra en la disputa política, no solo con miras a las internas partidarias, sino también las elecciones generales con el fin de debilitar el proyecto de gobierno del movimiento Honor Colorado y debilitar la fuerza política que es ejercida por el líder de la disidencia, el expresidente de la República Horacio Cartes.

“El interés particular es netamente político, el presidente de la comisión tiene una finalidad política que va enmarcada en una asociación de contrincantes, hoy internos dentro del Partido Colorado y luego en las generales con las predicciones que se tiene de que el precandidato a la Presidencia de Honor Colorado, Santiago Peña, tiene más chances de salir airoso; entonces, todo esto forma parte de un programa para afectar tanto la imagen del expresidente de la República Horacio Cartes, candidato a la Junta de Gobierno de la ANR como afectar a Peña”, refirió.

El abogado siguió sosteniendo que la bicameral ya cuenta con una conclusión previa y busca salpicar al exmandatario en hechos ilícitos como lavado de dinero y contrabando, sin contar con informaciones oficiales o haber realizado una investigación de fondo.

“Por todo lo que venimos escuchando por parte de algunos miembros de la comisión nos da cuenta de que ellos ya tienen una conclusión, y es que Cartes es responsable del delito de lavado de dinero, de contrabando y esa será la posición finalmente, cuando que si estamos ante un hecho a ser investigado, lo que corresponde es que previamente la comisión investigue y no sacar conclusiones y simplemente dar una formalidad de pedir documentos y convocar, para luego ya emitir una opinión decidida con anterioridad”, refirió.

Por otra parte, Ovelar manifestó que Querey, como titular del bloque de investigación, cuenta con un absoluto desconocimiento de la Constitución Nacional al argumentar que la instancia no constituye un órgano de juzgamiento, sino solo una instancia política.

“Para no sonar agresivo diría que tiene un absoluto desconocimiento de la Constitución. Los procesos no se pueden entender únicamente como procesos jurisdiccionales, también existen procesos de otro tipo y todos son procesos jurídicos. Él llegó a decirme que esto no es un proceso jurídico, sino una instancia política, olvidándose de que, aun siendo un órgano político, el Congreso por su naturaleza se somete a la Constitución y las leyes”, mencionó.

Finalmente, Ovelar acusó a los parlamentarios de violar con sus actuaciones las normativas vigentes en el Paraguay al “pasar” por alto las disposiciones legales integrando una comisión de investigación que cumple con funciones fuera de sus atribuciones.

“Ellos están violando la Constitución Nacional, las leyes, creando una comisión que realiza funciones jurisdiccionales que la Constitución no les permite, quieren pasar por alto disposiciones respecto a la comparecencia y al derecho de excusarse una persona acusada y obligarle a que declare para luego concluir y dañar políticamente con fines netamente electoralistas y totalmente desinteresados de lo que dice la Constitución sobre el interés general, siendo esta particular”, indicó.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.