Además, se suma la presunción de estar involucrados en algunos hechos delictivos, extorsivos y estafas, entre otros.

En el caso de Elvio Benítez, los datos indican que tiene antecedentes por un caso de robo agravado, secuestro e intento de homicidio, junto a Víctor Morales, considerado brazo logístico del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). El caso ocurrió en la localidad de Nueva Germania y la pena fue extinguida.

Mientras que otro de los cabecillas, Luis Aguayo, secretario general de la MCNOC, tiene una causa abierta por lesión de confianza y un supuesto perjuicio causado al Indert por un monto de 2.500 millones de guaraníes. El presunto daño se dio en el año 2011 y según la acusación, el presidente del Indert Marciano Barreto otorgó a la organización más de 703 millones de guaraníes para la ejecución de varios proyectos, pero el dinero habría sido desviado hacia otros fines.

La información a la que accedió La Nación indica también que Jorge Galeano aparece en un vídeo en donde se registra una reunión mantenida entre integrantes del EPP, el diputado José “Pakova” Ledesma y el senador Sixto Pereira. En la época de la presidencia del ex obispo Fernando Lugo se desempeñó como funcionario de la Cámara de Senadores con un sueldo de 2.700.000 guaraníes al mes.

Otro connotado líder -de la zona de San Pedro- es Luis Cabrera Mendieta. Éste tiene pendiente dos denuncias por estafa cometidas en contra del CAH, mientras que María Ester Leiva fue investigada por una presunta irregularidad en el manejo de 1.428 millones de guaraníes que le fueron entregados durante la administración del ex presidente Federico Franco para desarrollar proyectos productivos agropecuarios.

RAFAEL LUIS AGUAYO

Es secretario general de la Mesa Coordinadora de Organizaciones Campesi­nas (MCNOC). Posee una causa abierta, elevada a jui­cio oral, por lesión de con­fianza y su supuesto per­juicio de 2.500 millones de guaraníes en contra del Indert.

La MCNOC recibió del Indert la suma de 703 millones de guaraníes para ejecutar un proyecto de miniindustria y otro produc­tivo. El dinero fue entregado a él y a Antonio Gayoso. Hay una causa abierta por este caso por presunto desvío.

ELVIO BENÍTEZ GAMARRA

Es actualmente conce­jal departamental por el Frente Guasu en San Pedro. Posee antecedentes por robo agravado, secuestro e intento de homicidio, ocurrido en la localidad de Nueva Germania, junto a Víctor Morales -su mano derecha- sospechado de ser brazo logístico del EPP.

Éste tiene proceso por el asesinato de cinco policías y el secuestro de Edelio Morí­nigo. Benítez tiene una ope­ración morosa (deuda) con la empresa de venta de Automotores San Diego SA.

MARIA ESTER LEIVA DE RUIZ

Cuenta con antecedentes por lesión de confianza, con prohibición de salir del país. Fue investigada por una supuesta irregularidad en el manejo de fondos públicos provenientes del Fondo de Inversiones Rurales para el Desarrollo Sostenible (Fides), que maneja el Indert.

Fue indagada, porque la organización a la que pertenece (Asociación de Productores Agropecuarios-Anapa) no rindió cuentas sobre un monto de 1.428 millones de guaraníes, recibido durante el gobierno de Federico Franco.

JORGE GALEANO

De 55 años de edad y con 2 vehículos inscriptos a su nombre, aparece en un video participando de una reunión mantenida a mediados del 2004 en Caaguazú entre miem­bros del autodenominado Ejército del Pueblo Para­guayo (EPP), el diputado José “Pakova” Ledesma y el senador Sixto Pereira.

Este encuentro fue lle­vado a cabo tiempo antes del secuestro de Cecilia Cubas. Durante el gobierno de Fernando Lugo fue fun­cionario del Senado.

CESAR PAREDES GALEANO

De 35 años de edad. Se desempeñaba como conce­jal municipal en la localidad de Carlos Antonio López (departamento de Itapúa) por el Partido Popular Teko­joja, durante el período 2010-2015. De acuerdo a las informaciones, no presentó informes a la Contraloría General de la República al finalizar sus gestiones.

Durante su administración entregó 420 millones de guaraníes a Elvio Benítez y Luis Aguayo; 1.788 millones a Jorge Galeano y 893 millo­nes a María Ester Leiva.

JOSE DOMINGO VILLALBA

Es líder de la Federación Paraguaya de Trabajado­res del Transporte (Fepa­trap), accionista de la empresa Ypacariense y propietario de un surtidor con emblema de Petro­bras. Registra anteceden­tes por perturbación a la paz pública y perturbación a los servicios públicos.

Está procesado por el juzgado de Elsa Ydoyaga y tiene prohibición de salida del país. Encabezó la huelga de choferes de la línea 49, en reclamo de la reposición a sus puestos de 52 choferes.

LUIS CABRERA BENITEZ

Tiene prohibición expresa de participar de manifes­taciones e invasiones, de portar armas y de consu­mir bebidas alcohólicas. Cuenta con dos denuncias por estafa.

Su modus ope­randi era la falsificación de firmas de documentos, engaño a los clientes, parti­cipación en el proceso credi­ticio y percepción de cuotas de los clientes sin registrar­las en la contabilidad del Crédito Agrícola de Habi­litación (CAH), de acuerdo a los datos. Además, fue denunciado por coacción.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.