Luego de la denuncia de la Conmebol, la Fisca­lía realizó diligencias. Se incautó de una serie de documentos. El Ministerio Público se vio obligado a alla­nar la sede del banco Atlas y la Superintendencia de Bancos ante la negativa de ambas ins­tituciones en proveer infor­mación.

Los fiscales que llevan el caso son Liliana Alcaraz y Fran­cisco Cabrera, la causa está parada incluso en la Sepre­lad; cuando estuvo a cargo de Carlos Arregui también se negó a cooperar con la investigación. La Conme­bol solamente quiere recu­perar la plata. De los US$ 200 millones que se esfumaron de la Confederación en la era Leoz, ya se recuperaron US$ 128 millones gracias a la ayuda de la justicia nor­teamericana y Suiza. Espe­ran que la justicia de nuestro país también haga lo que le corresponde.

El banco de la familia Zuc­colillo se expone a sancio­nes penales y sanciones administrativas. La Ley Nº 1015 Previene y Reprime los Actos Ilícitos Destinados a la Legitimación de Dinero o Bienes, en su artículo 4° Sanción Penal señala que el delito de lavado de dinero o bienes será castigado con pena penitenciaria de dos a diez años.

El juez podrá dejar de aplicar la pena al coautor o partícipe si este colabora espontánea y efectivamente con las autori­dades para el descubrimiento del ilícito penal tipificado en la presente ley, para la indi­vidualización de los autores principales o para la ubica­ción de los bienes, derechos o valores que fueron objeto del delito.

En el 2020 las herederas de Nicolás Leoz solicitaron al banco Atlas ceder los derechos y beneficios del fideicomiso a la Conmebol. Todavía queda una parte del dinero bajo la administración del banco.

El artículo 11º Agravantes, dice: “Es circunstancia agra­vante que los empleados, fun­cionarios, directores, propie­tarios u otros representantes autorizados de los sujetos obligados, actuando como tales, tengan participación en el delito de lavado de dinero o bienes. Las penas menciona­das en los artículos preceden­tes serán elevadas al doble si, a la fecha de la comisión del delito, el imputado fuese fun­cionario público”.

El artículo 24º Sanción Administrativa a las Perso­nas Jurídicas menciona que el incumplimiento de las obligaciones establecidas en este capítulo y los reglamen­tos serán sancionadas con: a) nota de apercibimiento; b) amonestación pública; c) multa cuyo importe será entre el 50 (cincuenta) y 100 (cien) por ciento del monto de la operación en la cual se cometió la infracción; y, d) suspensión temporal de treinta a ciento ochenta días

La resolución del juez penal de Garantías, Yoan Paul López, respecto al sobreseimiento definitivo de los médicos María de Fátima Bastos, José Ovando y Óscar Cabrera en la causa que los investigaba por omisión de auxilio en la muerte de niño Renato, fue ratificada hoy por el Tribunal de Apelación.

La decisión se conoce, luego de que la familia de la víctima presentara una apelación contra lo resuelto por el magistrado.

La investigación del Ministerio Público concluyó que estos profesionales no tuvieron responsabilidad en el fallecimiento de Renato, por lo cual, la propia Fiscalía pidió desvincular del caso a los médicos.

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A este planteamiento hizo lugar el juez López, tras lo cual, la querella presentó la apelación que finalmente fue rechazada, ratificando la decisión inicial.

Este nuevo revés de la familia del niño solamente deja una última ventana de oportunidad: la de recurrir a la Corte Suprema de Justicia. De proceder a la acción, la Sala Penal será la que responda.

Por el caso continúa procesada la pediatra Laura Sena, quien está acusada de homicidio culposo, ya que fue la que atendió al bebé.

Renato Talavera falleció en el 2019, a los dos años de edad en el sanatorio Migone, a donde lo llevaron de urgencias por un cuadro febril y tos, síntomas que se complicaron y le provocaron la muerte.

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Lo hizo durante el recorrido técnico que realizó la titular con su equipo en dicha zona. En ese sentido, señaló que se está trabajando muy de cerca con el Ministerio de Economía y con expertos de la ingeniería vial de nuestro país y que, en este momento, todo el equipo del MOPC está abocado en el proyecto.

“Este es un proceso que fue rescindido al inicio de nuestra gestión y ahora estamos ya enfocados en poder retomar rápidamente esta ruta y que sea una realidad para todas las personas del norte del país. Estoy muy confiada que vamos a tener un proceso exitoso”, aseveró al tiempo de puntualizar que la financiación provendría del mismo crédito, es decir, el remanente que quedó.

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Por su parte, el viceministro de Obras Públicas, Hugo Arce indicó que ya se está trabajando en el nuevo llamado y que se espera que para el mes de mayo se pueda levantar de nuevo en el portal de Contrataciones Públicas “para dar al pueblo concepcionero una solución definitiva a este problema”.

Según el viceministro, son cerca de 90 km los que serían intervenidos de manera a completar lo que falta de la ruta entre la ciudad de Concepción y el Lote 1 (concluido) que llega a Pozo Colorado.

Mientras tanto, avanza el mejoramiento de un tramo de 6 km desde la cabecera del puente Nanawa hasta la rotonda 2 de mayo, un sector que también quedó abandonado tras la rescisión del contrato.

Cabe recordar que este proyecto fue licitado en tres lotes bajo la modalidad de Contrato de Rehabilitación y Mantenimiento de Carreteras por Niveles de Servicios (Crema). De estos tres, solo el Lote 1 concluyó exitosamente, siendo el organismo financiador el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) por un monto de hasta USD 100 millones.

El operativo en el que fue capturado un joven proveedor conocido en el ambiente sanjuanino por surtir de cocaína a otros proveedores, tuvo desarrollo en el barrio Villa Bonita. El seguimiento que incluyó testimonios y denuncias derivó en la captura del responsable con la droga a punto de dosificar.

El relevamiento de datos y el análisis del contexto en el que se llevaba adelante la distribución de cocaína, estuvo a cargo de la Oficina Regional de San Ignacio Misiones, la cual tuvo que desplegar un allanamiento en el domicilio de Emanuel Morínigo Amarilla de 21 años, quien contaba con prohibición de salida al país por otro hecho.

Los agentes confirmaron en las últimas semanas que el identificado manejaba una pequeña red de distribuidores a los que constantemente proveía cocaína.

Ya en el registro a su vivienda, fueron tomadas las evidencias, entre ellas 71, 53 gramos de cocaína, una balanza y dinero en efectivo. Además, sumaron los decomisos de una motocicleta y un auto que se comprobaron parte de su logística de distribución.

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