El descenso aleja a la capital de la situación de alerta máxima, que se activa cuando las aguas del río superan los 8 metros, tras descender en los últimos dos días 10 centímetros y registra también descensos a lo largo de todo su cauce, también en Pilar.

Allí, el río alcanzó este sábado los 8,89, dos centímetros menos que la víspera, aunque en esa ciudad y las de su alrededor continúan desplazadas unas 15.000 familias, según datos de la Secretaría de Emergencia Nacional (SEN), que contabiliza más de 69.500 familias damnificadas en todo el país.

Las autoridades consideran que las aguas seguirán descendiendo durante las próximas semanas con la llegada del invierno y una menor incidencia de las precipitaciones que en los últimos meses han anegado importantes áreas del país.

En la capital, donde 6.500 familias se han visto obligadas a abandonar sus hogares y trasladarse a 48 improvisados refugios en predios militares y en avenidas y plazas de zonas más altas.

En el bañado norte ascienden a 4.404 familias las afectadas, distribuidas en 49 zonas de refugio y a las que se suman otras 1.800 familias de la Chacarita y desplazados a otros 21 refugios, con lo que el número de personas refugiadas, solo en Asunción, se aproxima a las 47.400 personas.

Las inundaciones también han afectado al sector productivo, especialmente al agrario y ganadero, para los que el Gobierno anunció esta semana una flexibilización de las normas que regulan los préstamos para que los productores puedan refinanciar sus deudas y paliar sus pérdidas.

Asimismo, anunció que se otorgarán créditos para que el sector de la soja, uno de los más afectados con una caída en la producción del 23,5 %, pueda iniciar con normalidad la próxima siembra en septiembre.

El beneficio de pensión alimentaria comenzó a implementarse en el año 2010, atendiendo las limitaciones del pilar no contributivo de la seguridad social. Según estimaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, para ese año sólo el 15,4% de las personas de 65 años y más recibía una jubilación o pensión.

En un proceso de expansión progresiva, ya para comienzos de 2017 la pensión alimentaria cubría a 1 de cada 3 personas de 65 años y más, asegurando a los sectores más postergados de la adultez mayor, estando focalizada en las personas en situación de pobreza.

El programa siguió ampliando su cobertura, adecuando sus procedimientos a los cambios normativos (Ley Nº 6381/2020), donde se destaca la elevación del umbral social de acceso a la condición de “vulnerabilidad social”.

La actualización normativa fue acompañada con el fortalecimiento de recursos y procesos destinados a la protección económica de la población adulta mayor.

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En una conferencia de prensa realizada esta mañana, Raúl Latorre, comunicó que, jóvenes de todo el país podrán participar en el concurso de méritos y aptitudes para 50 vacancias en distintos cargos para la Cámara de Diputados.

“Estos 50 espacios van a ser generados a partir de la disminución que logramos del personal contratado de confianza”, expresó Latorre.

También ordenó el inicio de una investigación preliminar sobre las denuncias de ausentismo a los cargos.

“Vamos a combatir el planillerismo en forma frontal en nuestra administración, los responsables van a ser sometidos al sumario y a las sanciones correspondientes”, afirmó.

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Sin dar espacio a preguntas, Latorre presentó al abogado Máximo Medina como el nuevo director de asesoría jurídica y director interino de Recursos Humanos para dar más detalles y se retiró cerrando la puerta.

El abogado aseguró que, en relación a los hijos nombrados en cargos de confianza, no se configura ningún caso de nepotismo, tomando en cuenta que, la persona que los nombró, Latorre, no es pariente de ninguna de ellas.

Detalló que, la persona facultada a nombrar o contratar es la que puede cometer nepotismo, solamente si el nombrado es su pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, hechos que no se cumplen con Latorre.

Agregó que, tampoco se violó ninguna norma de ingreso a la función pública, pues, el artículo 63 de la ley de presupuesto exceptúa al Poder Judicial, al Legislativo y a los órganos auxiliares de, cumplimiento de dicha legislación.

Respecto a los planilleros, señaló que, tiene la instrucción de ser implacable con los que se ausentan a sus puestos de trabajo.

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En un acto desarrollado esta mañana en la sede de la Intendencia de la Policía Nacional, se procedió a la entrega de las armas incautadas durante la Operación “Dakovo”.

Se trata de más de 2.000 armas de fuego cuyo valor supera los USD 5 millones y que habían sido importadas por la empresa International Auto Supply (IAS), propiedad del prófugo Diego Dirisio.

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Del acto participaron el presidente de la República, Santiago Peña, el ministro del Interior, Enrique Riera, el Comandante de la Policía Nacional, Crio. Gral. Carlos Benítez, y la jueza Lici Teresita Sánchez, entre otros.

“El Estado no puede ser sometido por quienes decidieron caminar por fuera de la ley“, expresó Peña durante su discurso, destacando los resultados tanto de Dakovo como de otros operativos impulsados recientemente, incluyendo Veneratio.

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El lote incluye tanto armas de grueso calibre como armas cortas, las cuales pasarán a manos de las fuerzas de seguridad para reforzar el combate a la criminalidad en nuestro país.

Se espera que algunas de las armas incautadas también sean entregadas a la Secretaría Nacional Antidrogas (SENAD), a modo de que sus agentes especiales cuenten con el equipamiento necesario para sus procedimientos.